La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Piden la pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare
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Unos 60 presos con beneficios excarcelatorios participan cada semana en la comisión de un nuevo delito en la Argentina, según un promedio calculado entre la cantidad de reclusos alcanzados y el porcentaje de reincidencia.
Ya sea por acceder a salidas transitorias, prisiones domiciliarias o libertad monitoreada, esta situación involucra a más de 3.100 internos por año. Así lo reveló el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En total, son 9.471 los presos que son beneficiados al año por salidas transitorias, régimen de semilibertad (por trabajo o educación), programa de prelibertad (egresos previos a la liberación), prisión discontinua (permanencia en una institución) y semidetención (prisión únicamente diurna o nocturna).
Un 24% de la población carcelaria accede a este tipo de beneficios que contribuyen a morigerar las penas, algo que desde asociaciones de familiares de víctimas calificaron como "desesperanzante", al tiempo que pidieron a la Justicia "controles estrictos" a la hora de dar beneficios y "mayor voluntad" para buscar a aquellos que se fugan durante sus salidas.
Así se expresó en diálogo con el Diario Popular Alicia Angiono, presidenta de la ONG Madres y Familiares de Víctimas (MAFAVI), quien advirtió: "Cuando son casos graves, los jueces tienen que asegurarse de a qué persona le dan el beneficio. Lo lógico es que cumplan la condena".
"Hace 14 años estoy luchando contra este tema. Las salidas de presos peligrosos son algo recurrente y los familiares de víctimas nos volvemos locos, porque en todo este tiempo no hubo cambios", contó Angiono, quien desde 2003 pide justicia por el crimen de su hermano Eduardo, perpetrado en el distrito bonaerense de Ituzaingó.
Angiono sentenció: "Los familiares tenemos que estar atrás para que no sean beneficiadas personas que cuando salgan van a lastimar a alguien más".
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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