La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.

El Ejecutivo enviará al Congreso la ley que penaliza incumplir el déficit cero
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El senador Fernando "Pino" Solanas presentó una denuncia penal contra los empresarios que son imputados como colaboradores en la causa por presuntas coimas en obras públicas, que sigue el juez federal Claudio Bonadio.
Según trascendió, entre los denunciados están Ángelo Calcaterra (Iecsa), Carlos Wagner (Esuco), Héctor Zavaleta (Techint), Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Juan de Goycoechea (Isolux), Aldo Roggio, Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Armando Loson (Grupo Albanesi).
En la denuncia el legislador por la Ciudad de Buenos Aires apunta contra los empresarios por los presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de activos.
Solanas consideró que estos empresarios "se acogieron a la figura del arrepentido, en razón de supuestamente haber entregado diversas sumas de dinero por varios millones de dólares a funcionarios del Estado Nacional, durante los gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner".
Además, Solanas resaltó que "las sumas entregadas corresponden a posibles sobreprecios en la realización de distintas obras públicas realizadas desde los años 2003 hasta el 2015, y con el objeto de ser beneficiarios de las mismas en las correspondientes licitaciones, o eventualmente contrataciones directas que se habrían realizado".
Aunque los empresarios hayan declarado ante Bonadio en el marco de la figura del arrepentido para dar información a cambio de que su condena sea atenuada, Solanas advierte que todavía se los debe investigar por el origen de los fondos que admitieron haber entregado a funcionarios públicos.
"Existe una cuestión obvia, que surge del arrepentimiento de los denunciados, y es, que el dinero que entregaron a los distintos funcionarios no podía ser declarado por las empresas que dirigían, por tratarse de dinero que iba a ser utilizado en fines ilícitos", evaluó el senador.
Explicó que esa maniobra se puede haber hecho de tres formas: con dinero que fue lavado y proviene de actividades ilegales, con fondos de las empresas que no fueron debidamente declarados o con facturas apócrifas.
La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.
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