"Lo único que quiero es justicia para los que le arrebataron la vida a mi hija y a Josué", sostuvo en declaraciones radiales.
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Omar "Caballo" Suárez, el titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), deberá ir a juicio oral y público apuntado como jefe de una asociación ilícita con la que extorsionaban a empresas navieras y malversó fondos del gremio. Así lo solicitó el fiscal federal, Gerardo Pollicita.
Según informaron fuentes judiciales, en pleno receso judicial la fiscalía presentó el requerimiento para que el sindicalista y otros imputados vayan a juicio, mientras el propio Suárez sigue bajo arresto domiciliario.
El fiscal acusa a los imputados por "exigir" a empresas navieras una suerte de "donaciones" o "liberalidades" que no eran otra cosa que sumas de dineros destinados a capacitar a marineros del SOMU.
La extorsión consistía en que si no aportaban las sumas de dinero, los marineros afiliados al sindicato les bloquearían el ingreso a puerto de los distintos buques.
Actualmente, Suárez está detenido en su casa ubicada en la localidad de Olivos para realizarse estudios médicos. De todos modos, está pendiente un pedido del fiscal Pollicita para que se le revoque ese beneficio y vuelva al penal de Marcos Paz donde permaneció arrestado durante casi un año.
El 29 de diciembre fue el juez Luis Rodríguez el que le otorgó el beneficio y luego por decisión de los jueces Sebastián Ramos y Sergio Torres se le fijó una serie de condiciones, como ser, la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas y tener consigna de prefectura naval para controlar ingresos y salidas.
"Lo único que quiero es justicia para los que le arrebataron la vida a mi hija y a Josué", sostuvo en declaraciones radiales.
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La ex mandataria se manifestó de forma muy efusiva en sus redes sociales para demostrar su conformidad con las sanciones de ambas entidades gubernamentales y le recomendó a Javier Milei que "te asesores mejor" sobre "temas que tan recurrentemente citas en torno a la sexualidad".
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Según manifestantes, el enfrentamiento duró unos pocos minutos y luego se continuó con el reclamo en la puerta del edificio ubicado en Avenida 9 de Julio y Belgrano, en el microcentro de la Ciudad.
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La gestión libertaria afirma que la medida responde a la emergencia pública declarada hasta el 31 de diciembre de 2025.
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El ex presidente también sostuvo que el juzgado no es "competente" para llevar el caso y reclamó su sobreseimiento.
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