La investigación busca esclarecer el hackeo de teléfonos celulares de jueces de Casación y de la Corte Suprema.

Justicia reactiva la causa de espionaje ilegal que involucra a jueces y políticos
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La denuncia apunta a giros que realizó la empresa del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, por uS$ 14 millones a un paraíso fiscal
Tres jueces federales recibirán, entre lunes y martes, información que pone en la mira transacciones “sospechosas” de la constructora Iecsa con un banco radicado en un paraíso fiscal.
Los movimientos fueron realizados entre 2009 y 2014, cuando la empresa era de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. Los aportes serán hechos a las causas que investigan el soterramiento del Sarmiento, los Panamá Papers y las irregularidades en la obra pública.
Las denuncias piden que se investigue si Iecsa cometió evasión fiscal por un monto aproximado a US$ 14 millones, a través de una maniobra que involucra a la firma chilena Inversora Andina, cuya controlante es Iecsa.
Inversora Andina, sin empleados, pagó sueldos y giró dividendos a su controlante argentina a través del Pacific Trade Bank, entidad financiera registrada en Samoa, un paraíso fiscal cerca de las islas Cook, que curiosamente tiene domicilio en el mismo lugar que unas 200 empresas off shore.
Aperentemente, el dinero que terminó en un paraíso fiscal provino de las obras públicas que Iecsa tiene en Latinoamérica junto con Odebrecht y Ghella. La empresa de Calcaterra, que ahora es de Marcelo Mindlin, apareció en la escena del escándalo de Odebrecht porque es su socia para las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
La investigación busca esclarecer el hackeo de teléfonos celulares de jueces de Casación y de la Corte Suprema.
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