El gremio sostiene que esta retención de tareas será para aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes.

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A partir de un escrito presentado por la querella, constituida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la fiscalía a cargo de Raúl Pleé pidió nuevamente la detención del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa.
También se solicitó que se restituya la carátula de defraudación a la administración pública para el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, cuyo fallo de la Sala I de la Cámara Federal benefició con la modificación a "apropiación indebida de tributos".
Al tratarse de un documento en el que se contemplaron los anteriores pedidos, no hubo audiencia pública en la Cámara Federal de Casación Penal, que ahora deberá definir su postura en un plazo máximo de 5 días.
La fiscalía de Pleé pidió la detención luego que López y De Sousa fueran liberados por la Sala I de la Cámara Federal con el voto de Eduardo Farah y Jorge Ballestero.
"Sobre un total de 31 períodos fiscales, correspondidos entre mayo de 2013 y noviembre de 2015, Oil Combustibles pagó sólo 5. El resto no los abonó y exceptuando los meses de septiembre y octubre de 2015, fueron reducidos en los planes de facilidades referidos", señaló el fiscal en alusión a Echegaray.
Sobre el ex funcionario público, la acusación también apuntó que "el administrador federal sea por acción habría beneficiado a los dueños de Oil, a través de la concesión irregular de planes de facilidades de pago permitiéndoles prorrogar automáticamente la obligación de ingresar ese tributo, en perjuicio del fisco".
En tanto, el fiscal consideró que existen peligros procesales por posible entorpecimiento de la causa, motivo por el cual reclamó la detención de López y De Sousa.
De esta forma, se alineó con lo resuelto por el juez Julián Ercolini, que en primera instancia los había privado de su libertad al encontrarlos responsables de intentar desprenderse de activos mientras tramitaba la investigación.
La AFIP sólo reclamó el cambio de carátula y que el caso vuelva a ser investigados por defraudación a la administración pública.
Por su parte, as defensas pidieron que quede el delito de apropiación indebida de tributos, y que la Casación rechace los planteos de la fiscalía y la querella.

El gremio sostiene que esta retención de tareas será para aquellas empresas que no hayan cancelado la totalidad de los haberes.
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