El abogado Diego Pirota, representante de la familia de Débora Pérez Volpin pidió la penal de "4 años y 5 meses de prisión" para el endoscopista Diego Bialolenkier y "3 años en suspenso" para la anestesista Nélida Puente. El alegato fue similar al que presentó luego la fiscal que entiende en el caso.

Pirota solicitó además "10 años de inhabilitación" para el endoscopista y para la anestesista, ambos acusados por la muerte de la periodista durante una práctica de endoscopía el 6 de febrero de 2018 en la clínica de la Trinidad.

Además, anticipó que denunciarán por falso testimonio a Miriam Frías, la instrumentadora que participó de la endoscopía en la que murió Pérez Volpin, al considerar que "faltó a a la verdad descaradamente ante el tribunal".

Sucede que Frías había dicho que el endoscopio secuestrado y los que se utilizaban en la clínica eran "similares" y, para contrarrestarla, Pirota mostró una foto del aparato secuestrado para demostrar que son diferentes. 

Antes de conocer la sentencia, el abogado aseguró que "Débora murió por un error médico" e insistió con que una vez finalizado este juicio irán por la responsabilidad de las autoridades del sanatorio La Trinidad de Palermo.

"Cuando haya una sentencia vamos, sin dudas, a hacer una denuncia contra la clínica por encubrimiento y quizás contra alguna de las personas que vinieron a declarar aquí también", anticipó Pirota.

El letrado sostuvo que el endoscopio que se peritó tras la muerte podría no ser el mismo que se usó durante el procedimiento, que el procesador tenía el número de serie borrado y criticó que "no haya imágenes de video del estudio ni cámaras en el quirófano".

Uno de los testigos dijo haber impreso y entregado a la dirección médica del sanatorio el informe completo del equipo de monitoreo de los parámetros vitales de la periodista desde el inicio del estudio endoscópico, pero en la causa constan apenas 19 de un total de 60 páginas.

El director médico del sanatorio La Trinidad de Palermo, Roberto Martignano, aseguró que "todas las áreas de la clínica cumplieron los protocolos".

Mientras que el director médico general de la prepaga Galeno, Eduardo Cavallo, puso el acento en que Pérez Volpin era una paciente "que tenía patologías previas".

Alegato de la fiscalía

Luz Castany, la fiscal en el juicio por la muerte de la legisladora porteña pidió "4 años de prisión más costas y 10 años de inhabilitación" para el endoscopista y "3 años en suspenso e inhabilitación de 10 años" para la anestesista.