Señalaron las fuentes que estas mejoras se consolidaron gracias a una política agresiva de reducción de costos.

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Columnas de manifestantes llegaron desde distintos puntos de la provincia hasta la Casa de Gobierno. Piden marcha atrás en los cambios a la ley 7.722.
La marcha contra la reforma de la ley 7.722 llegó esta mañana a la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza. Ocurre después de que el viernes, los legisladores mendocinos aprobaron modificaciones a la ley y habilitaron la actividad minera con el uso de sustancias químicas.
Bajo consignas como "No se negocia el agua de Mendoza" o "Veto, veto, veto, veto", vecinos y ambientalistas locales comenzaron ayer una marcha en la localidad de San Carlos, perteneciente al Valle de Uco, a unos 100 kilómetros de la capital, que concluye ahora frente a la sede del gobierno de Mendoza.
El ex diputado Fernando Pino Solanas y el Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, fueron varias de las personalidades que adhieren a las protestas conta los cambios a la ley de Minería.
La Ley 7722 de Mendoza protegía el agua prohibiendo el uso de sustancias tóxicas en la minería. Esta norma había nacido en las calles.
— Pino Solanas (@fernandosolanas) December 23, 2019
Su modificación significa una regresión ambiental que pone en peligro el futuro de la región.#La7722NoSeToca
El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Perez Esquivel, se solidariza con las movilizaciones del pueblo mendocino en defensa del agua.#La7722NoSeTocapic.twitter.com/GBGUGPRygT
— Enrique Viale (@EnriqueViale) December 22, 2019
Sin embargo, el secretario de Ambiente Humberto Mingorance, aseguró que "las modificaciones a la 7722 garantizan el cuidado del agua y del medio ambiente ya que están reguladas por el plan de ordenamiento territorial".
Los dichos del funcionario son parte de una campaña de comunicación que se inició a pedido del gobernador radical, Rodolfo Suarez, para contrarrestar las protestas. A través de un comunicado, Ambiente insistió en que ese organismo y la "Policía Ambiental, estarán a cargo de llevar el control y el seguimiento de todo emprendimiento que pueda provocar un impacto ambiental", mientras que el Departamento General de Irrigación deberá ejercer el control sobre el uso del agua.
Así y todo, las organizaciones ambientalistas sostienen que la reforma de la ley es inconstitucional por violar los principios de no regresión ambiental y el de progresividad. Y junto con las Asambleas, irán a la Justicia y llevarán el caso a estrados internacionales.
Señalaron las fuentes que estas mejoras se consolidaron gracias a una política agresiva de reducción de costos.
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