Las autoridades bromatológicas confirmaron que ambos productos son ilegales, presentan etiquetas engañosas y no garantizan condiciones seguras para los consumidores.

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Organizaciones de mujeres marcharon este viernes 29 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires en un renovado reclamo por la legalización del aborto, ya que se estima que mueren al año un centenar de ellas como consecuencia de prácticas clandestinas.
Unas 3.000 manifestantes marcharon de la Plaza de Mayo hasta el Congreso para reclamar por el aborto legal, seguro y gratuito.
"En la Argentina, un aborto clandestino puede llegar a salir entre 10.000 y 17.000 pesos. Las pastillas de misoprostol cuestan más de 2.500 pesos. El 80 por ciento de las mujeres gana menos de 10.400 pesos por mes y las más pobres no llegan a 1.600 pesos", explicó la agrupación Economía Feminista en la convocatoria.
"Hay 500.000 abortos por año y 730.000 nacimientos. Es un problema de salud pública de primer orden, no puede ser que un ministro de Salud no se ocupe", manifestó la dirigente de izquierda Vilma Ripoll.
Según estimaciones de varias ONG, cada año muere un centenar de las 500.000 mujeres que abortan en el país.
"El aborto es una práctica que se sigue realizando pese a que se haga de manera clandestina. Es la principal causa de la mortalidad materna en nuestro país", denunció Malena Lenta, de la agrupación de mujeres Isadora, una de las convocantes.
Según Lenta, "es fundamental la despenalización del aborto para que dejen de perseguir y criminalizar a las mujeres. Que no haya ninguna mujer presa por abortar".
"La sociedad ya está lista para adquirir este derecho atrasado, sólo hace falta cortar el hilo de hipocresía que sigue matando compañeras", escribió en la red social Facebook Malena Zanazzi, una de las manifestantes.
Actualmente, la interrupción voluntaria del embarazo está únicamente autorizada cuando es producto de una violación o está en peligro la vida de la mujer.
Las autoridades bromatológicas confirmaron que ambos productos son ilegales, presentan etiquetas engañosas y no garantizan condiciones seguras para los consumidores.
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