Desde hace meses la imagen se repite. Aparecen animales muertos a causa de algún tipo de envenenamiento. Y una de las postales más dolorosas se vio en enero de 2018, cuando 34 cóndores andinos fueron hallados sin vida por haber ingerido comida contaminada.

Mendoza intenta reaccionar contra estos ataques. En una acción inédita en el país, la provincia acaba de presentar un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que los responsables de esos hechos financien un Programa de Recomposición del daño ambiental, entendiendo que lo ocurrido “afecta a toda la comunidad”.

En la presentación se cargan las tintas sobre las empresas y personas culpables de la muerte e incineración de los cóndores que vivían en la zona de Los Molles (Malargüe). Mauricio Pinto, funcionario del área ambiental de la Fiscalía de Estado, anticipó que se sindicó como responsables a cuatro entidades vinculadas a Las leñas S.A, quienes deberían hacerse cargo del resarcimiento.

Las compañías implicadas son Valle de Las Leñas SA, Valles Mendocinos SA, Nieves de Mendoza SA y Altos Cerros SA. Asimismo, se menciona a personas físicas: Nibaldo Baigorria, Víctor Armando Baigorria, Ramón Rojas Navarro y Eduardo Daniel Valentini.  

Los argumentos

 

Los animales enfermaron al comer carne contaminada con carbofurán. Se trata de un agroquímico de venta libre que se usa para eliminación de plagas. En este caso, se cree que fue colocado en cebos de carne porque se pretendía eliminar pumas. 
 

Las muertes de cóndores que ocurrieron en Mendoza representan la desaparición del 0,51 por ciento del total de la especie.

La postura de Mendoza se asienta sobre una investigación que la Fiscalía le pidió a la Universidad Nacional de Cuyo. En el estudio, se demostró que se había producido una “alteración ambiental grave y relevante”, con “responsabilidad por parte de los particulares que desarrollan esas actividades y de las empresas propietarias de los predios con quienes dichos productores tienen contratos para la explotación”.

Con esos papeles en mano, la Fiscalía de Estado y el Gobierno de Mendoza -representado por la Asesoría de Gobierno- requirieron que se recupere el ecosistema mediante un Fondo de Recomposición Ambiental del Cóndor Andino en el área donde se produjo el hecho. El dinero para ese fondo debería salir de las empresas acusadas.

Los últimos gigantes

 

Se estima que en el planeta quedan solo 6700 ejemplares de cóndor andino (Vultur Wryphus). De ellos, solo 2500 viven en la zona argentino-chilena. Y las muertes que ocurrieron en Mendoza representan la desaparición del 0,51 por ciento de la población mundial de estas aves.

Si se trasladaran esas proporciones a la especie humana, la pérdida de las aves que ocurrió en Los Molles equivaldría a la desaparición de todas las personas que habitan la Argentina.

Compartimos aquí una escena que contrasta con el dolor de las muertes: la liberación de un cóndor tras haber sido atendido por especialistas.