El organismo quedó paralizado por desacuerdos en la elección de autoridades y ahora se propone modificar la normativa para destrabar el funcionamiento.

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La Justicia requirió este lunes la investigación del ex funcionario Carlos Zannini y confirmó el procesamiento del secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, en la causa que examina el destino de los fondos de "Fútbol para Todos".
En ese sentido, la Cámara Federal le ordenó a la jueza federal María Servini de Cubría, quien tiene a cargo la causa, que lleve a cabo la inspección sobre la supuesta responsabilidad de Zannini, el exsecretario legal y técnico del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En la causa no solo está procesado Marchi, sino también otros dirigentes gremiales como Carlos Alberto Pandolfi (presidente de la fundación "El Futbolista" y tesorero de Agremiados), Norberto Francisco Monteleone (secretario de la fundación y gerente general de Agremiados) y Raúl Pagano (gerente financiero de Agremiados).
Servini de Cubría decidió procesar a estos dirigentes por considerarlos "partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública". En ese contexto, se confirmaron también los embargos para Marchi y los demás procesados en la causa judicial.
El punto más conflictivo de la relación de FAA con el programa FPT es que en la sede gremial se habían encontrado 2.342.000 dólares. Ese dinero provenía de la AFA, que le entregaba un 2 por ciento del convenio del FPT, aunque la jueza no accionaría por eso.
Esta es una causa colateral de la principal que investiga el funcionamiento del programa "Fútbol para Todos", y en donde están procesados los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich; y del vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, quien además fue el titular del programa FPT, en una primera etapa. Servini de Cubría indicó, meses atrás, que los funcionarios nacionales "jamás controlaron si los fondos iban para el fin que estaban dados".
El organismo quedó paralizado por desacuerdos en la elección de autoridades y ahora se propone modificar la normativa para destrabar el funcionamiento.
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