La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.

El Ejecutivo enviará al Congreso la ley que penaliza incumplir el déficit cero
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Se trata de la única provincia que falta adherir a la ley nacional, la cual será debatida la próxima semana.
Juan Manzur, el gobernador de Tucumán, ratificó su apoyo a la adhesión de la provincia a la Ley Micaela, que obliga a los integrantes de los tres poderes del Estado a capacitar a su personal en la prevención de la violencia de género.
Así lo indicó a través de su Twitter, donde escribió: “Somos conscientes de la grave situación de violencia e inequidad de género que se vive en toda la Argentina y que se ha acrecentado en estos tiempos inéditos que nos atraviesa. Como gobernador quiero expresar todo mi apoyo para que Tucumán adhiera a la Ley Micaela”.
Tucumán es la única provincia que falta adherir a la ley nacional, la cual será debatida la próxima semana cuando vuelva a sesionar la Legislatura, según indicó el vicegobernador de la provincia Osvaldo Jaldo.
En este marco, legisladores tucumanos repudiaron hoy las declaraciones de su par Ricardo Bussi, quien desconoció crímenes de violencia de género en diálogo con Futurock y se pronunció en contra de la ley.
"Es el perfecto ejemplo de la necesidad de adherir a la Ley Micaela para capacitar a funcionarios y agentes del Estado en violencia de género", opinó sobre Bussi el legislador de Libres del Sur, Federico Masso, quien destacó en Twitter que "la ignorancia del tema es la que motiva a poner en marcha el proceso" para que se pueda "diferenciar un asesinato de un femicidio".
Luego, añadió: "Este ignorante se opone a la adhesión por su mirada retrógrada e hipócrita; le duele la realidad de la diversidad y, por ende, los derechos consagrados en leyes que apuntan a la inclusión por encima de la discriminación".
El vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse (PJ), entendió, por su parte, que "negar la existencia de este flagelo social no sólo es violento, propio de ignorante y aberrante desde lo humano, sino que también demuestra una ideología nefasta de violencia y muerte".
En tanto, José María Canelada (UCR) también se mostró preocupado por las declaraciones de Bussi y expresó: "Son precisamente esas posiciones las que busca cambiar la ley" para que no se niegue que "hay mujeres y personas que por su orientación sexual son discriminadas y agredidas".
La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.
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