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La justicia investiga el destino de 35 millones de pesos que la productora de Del Boca recibió para la realización de la telenovela que nunca salió al aire.
El juez federal Sebastián Ramos envió hoy a juicio oral al ex ministro de Planificación del kirchnerismo Julio De Vido y a la actriz Andrea del Boca en la causa por supuesta defraudación en la producción de la telenovela "Mamá Corazón".
Los otros imputados en la investigación son Luis Vitullo, Carlos Schwerdtteger, Alberto García, Nahuel Billoni, Nadia Jacky y Hugo Nelson.
En el expediente surge que en julio de 2015 la productora de Del Boca firmó el convenio por el cual percibió la suma de 25.652.160 pesos (un 76% del costo de producción final consignado en el contrato) provenientes del presupuesto de la cartera de Planificación y destinados al financiamiento de la producción de la telenovela.
Pero además de obtener el financiamiento íntegro de su obra con fondos públicos, un 10% del total (es decir más de 3 millones de pesos) percibiría la productora de Del Boca en concepto de ganancias por la producción realizada y era la única que conservaría los derechos de comercialización en el exterior.
Según los investigadores, las maniobras involucraron la actuación de funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
"El referido convenio tuvo como propósito posibilitar la selección discrecional de la telenovela Mamá Corazón, propuesta por la productora A+ Group SRL, para que fuera financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente -Andrea del Boca- era una persona cercana al Gobierno de ese entonces", había dicho al pedir la elevación a juicio el fiscal federal Gerardo Pollicita. Ahora, el juez Ramos avanzó y la causa espera por el sorteo de un Tribunal Oral.
El ex presidente y algunos de sus antiguos colaboradores están acusados de querer impedir la asunción de Lula da Silva.
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Lo confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Aplicaremos los vetos que tengamos que aplicar y judicializaremos lo que haya que judicializar", dijo, aunque no le cerró la puerta a una negociación con los gobernadores.
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