La declaración jurada 2025 de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo judicial. El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que abra un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti, y determine si existen bienes o fondos cuyo origen no haya sido debidamente acreditado.

Según informó Noticias Argentinas, la presentación fue dirigida al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, e incluye el pedido de realizar todas las medidas necesarias para establecer la trazabilidad y consistencia económica del patrimonio de ambos, en su condición de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

Entre los argumentos expuestos, el CIPCE menciona la compra de una vivienda en un barrio privado en noviembre de 2024 y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires un año después. También señala la tenencia de importantes sumas de dinero en efectivo, viajes en aviones privados junto a contratistas del Estado y operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario tradicional.

La organización también puso el foco en una declaración realizada por Adorni en LN+, donde reconoció haber omitido en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 que parte de los ahorros familiares estaban “en negro”. “Ahorramos en negro como todos los argentinos”, sostuvo entonces al referirse a unos 500.000 dólares. Además, incorporó testimonios que forman parte de expedientes judiciales y que indicarían que al menos una operación inmobiliaria no habría sido escriturada por su valor real, una situación que podría ser analizada bajo la figura de lavado de activos.

La entidad también recordó que la adhesión al régimen simplificado de Ganancias previsto por la ley de “Inocencia Fiscal” no limita las facultades de la UIF para investigar posibles inconsistencias patrimoniales. En ese sentido, pidió que se realicen cruces de información con organismos como ARCA y con reportes del sistema financiero.

Con la firma de su director ejecutivo, Pedro Biscay, el CIPCE sostuvo que una actuación “diligente y oportuna” de la UIF resulta clave en un contexto en el que la Argentina permanece bajo seguimiento reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), especialmente en investigaciones vinculadas a presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero.