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El expresidente brasileño Lula da Silva, entregó a la Justicia su pasaporte a través de sus abogados, después de que un tribunal le prohibió salir del país por su condena a prisión por corrupción.
El documento de Lula fue entregado en un tribunal de Sao Paulo por miembros de su equipo de defensa en cumplimiento de una orden dictada por un juez de Brasilia. Dicha autoridad alertó sobre la posibilidad de que el expresidente no regresara al país tras un viaje que tenía planeado para este viernes a Etiopía.
Lula iba a viajar para participar de un evento sobre el combate al hambre en el mundo organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que se celebra en Adis Abeba, en el marco de una Cumbre de la Unión Africana.
Sin embargo, después de que este miércoles un tribunal de segunda instancia ratificó y amplió de nueve a doce años la pena dictada contra Lula por un juez inferior, una corte de Brasilia prohibió que el expresidente abandone Brasil.
El juez Ricardo Leite indicó que "es público" que "algunos aliados políticos del expresidente, que buscan politizar los procesos judiciales, han pensado hasta en un eventual pedido de asilo" en otro país.
Según el juez, los viajes internacionales de Lula, sobre todo a países "que no tienen tratados de extradición con Brasil", como es el caso de Etiopía, "merecen un tratamiento diferenciado".
El Partido de los Trabajadores (PT) ratificó este jueves a Lula como su candidato a presidente para las elecciones de octubre próximo, a pesar de su complicada situación jurídica. Sin embargo, las leyes brasileñas impiden que una persona que ha sido condenada en segunda instancia se postule a un cargo electivo.
La posible impugnación de la candidatura de Lula sólo puede ocurrir a partir del 15 de agosto, cuando vence el plazo para la inscripción de candidatos en el Tribunal Superior Electoral, que tendrá la última palabra sobre el asunto.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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