Luego de que la diputada Graciela Ocaña ampliara su denuncia por presunto de lavado de dinero en contra de Hugo Moyano, el juez federal de Morón Néstor Barral dispuso el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario del sindicalista y su familia en otra causa que lo acusa del mismo delito.

La medida fue sugerida por el Ministerio Público Fiscal y su notificación por parte del juez al Banco Central y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se remonta al pasado 29 de diciembre.

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Así es que el Banco Central tendrá la tarea de recoger toda la información vinculada a las distintas entidades bancarias en las que se hayan registrado movimientos de Hugo y Pablo Moyano; de la esposa de Hugo, Liliana Zulet y sus hijastros: Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

"La investigación se encuentra en un estado incipiente. El objetivo es juntar información para luego analizarla y poder verificar la denuncia", fundamentaron fuentes judiciales. 

El expediente se originó en una denuncia en la que se señaló que Moyano habría adquirido 2 viviendas en Parque Leloir de manera irregular e incurriendo en el delito de lavado de dinero. 

La denuncia la formuló un funcionario del municipio de Vicente López a partir de la recepción de un mensaje anónimo en el que se daba cuenta del supuesto delito, informaron fuentes con acceso al expediente. 

En la investigación se buscará determinar si el presidente del club Independiente adquirió las propiedades en cuestión a través de dos empresas, a nombre de sus hijastros, que habrían sobrefacturado servicios al gremio de Camioneros. 

Las empresas investigadas son Ancora Construcciones; Iarai, que le presta servicios vinculados con la salud a la obra social de Camioneros, y Dixey, que fabrica ropa de trabajo y brinda servicios de consultoría.