La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado actualizó su recomendación para Venezuela.

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El jefe de Gobierno porteño criticó la decisión informada por Cancillería resaltando que “nadie que quiera defender la democracia y los derechos humanos puede arrogarse la potestad de ejercerla por deseo individual”.

Luego de que el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto informara sobre la decisión de que el país se retire del Grupo de Lima quien se pronunció al respecto marcando su desacuerdo fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
“Lamento la decisión del Gobierno Nacional de salir del Grupo de Lima, ámbito que trabaja para restaurar la democracia en Venezuela”, partió por resaltar Larreta desde sus redes sociales.
En un breve mensaje, el funcionario marcó que “nadie está por encima de la ley, y nadie que quiera defender la democracia y los derechos humanos puede arrogarse la potestad de ejercerla por deseo individual”.
El Gobierno argentino formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que "no han conducido a nada" las acciones que impulsó ese bloque en el plano internacional "buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes".
Así lo informó la Cancillería, que conduce Felipe Solá, a través de un comunicado de prensa difundido en las últimas horas.
"En el día de la fecha, la República Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada", comienza el texto oficial.
A continuación, indica que "la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar".
El Grupo de Lima, en el que el gobierno de Mauricio Macri había tenido amplia participación, se estableció tras la denominada Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017 en el que representantes de 14 países americanos suscribieron el primero de varios documento criticando la situación política y de derechos humanos en Venezuela.
Con el mismo énfasis, se afirma que las autoridades venezolanas no pueden desconocer "que producir las condiciones para un diálogo que resulte productivo es primordialmente su responsabilidad".
"Un diálogo del que deben formar parte, pero del que no puede apartar a la oposición en su conjunto. Un diálogo que sin duda se vería enriquecido con voces provenientes de los principales actores sociales del país, como la Iglesia, el sector empresario y las organizaciones no gubernamentales, sin exclusiones", destaca el comunicado.

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