Pablo Ventura, el remero que estuvo preso tres días tras ser acusado falsamente por los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, demandó al Ministerio Público Fiscal bonaerense por 10 millones de pesos como resarcimiento por los daños sufridos por esa "infundada e injusta detención".

"(…) Se reclama del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires-Ministerio Público Fiscal en concepto de indemnización del daño moral causado al actor por la infundada e injusta detención y a más de la pérdida de la libertad y la alteración de la paz, de su honor mancillado y por la exposición pública resultante, con la consecuente violación de su privacidad e intimidad, el pago de la suma de pesos diez millones", reza el escrito presentado por el abogado de Ventura, Marcelo Olmos, al cual pudo acceder Télam.

En la demanda, que fue presentada en el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso y Administrativo de Dolores, el letrado describió la detención de Ventura y acompañó su reclamo con distintos artículos y reportajes periodísticas, al tiempo que propuso una serie de testigos para que declaren en el marco del expediente, entre otras pruebas.

Cabe recordar que Ventura fue detenido por el crimen de Báez Sosa el 19 de enero de 2020 cuando se encontraba en su casa ubicada en la ciudad bonaerense de Zárate. De inmediato, lo trasladaron a Villa Gesell, donde ocurrió el asesinato del joven y donde quedó excarcelado por falta de pruebas el 21 de ese mismo mes por pedido de la fiscal de la causa Verónica Zamboni, y la orden del juez de Garantías David Mancinelli.

Desde un primer momento, el remero y su familia aseguraron que la noche del crimen de Fernando, ocurrida el 18 de enero, él había estado en Zárate donde cenó con sus padres, y que nunca estuvo en Villa Gesell. De hecho, el propio Ventura reconoció públicamente que no conocía a los acusados, que sólo se había cruzado a alguno en boliches y que no sabe por qué lo mencionaron.

De acuerdo a los investigadores fue uno de los diez rugbiers involucrados por el crimen horas después quien señaló al remero como sospechoso, a raíz de lo cual, la Policía lo aprehendió por disposición del primer fiscal de la causa, Walter Mercuri, quien subrogaba a Zamboni.