El exministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió a un Tribunal Oral ser sometido a un juicio por "jurados de ciudadanos" en la causa por su presunta responsabilidad por la Tragedia ferroviaria de Once.

Este pedido lo realizó a través de sus abogados, quienes plantearon ante el Tribunal Oral Federal número 4 una serie de irregularidades que consideraron se cometieron durante la investigación.

En este sentido, uno de sus defensores, Adrián Maloneay, advirtió que su cliente "no ha tenido la oportunidad de tener un proceso regular y respetuoso de los derechos que asisten a cualquier ciudadano que enfrenta un juicio penal de estas características".

A su vez, Maloneay sostuvo que De Vido fue enviado a juicio en base a acusaciones que habían sido construidas en el juicio anterior, en el que fueron condenados los exsecretarios de Transporte de la Nación.

"Nunca fueron analizadas sus presentaciones, ni evaluados sus argumentos, y le fueron sistemáticamente denegadas todas las medidas de prueba que solicitó. En suma, llega a esta instancia sin haberse podido defender y sin contar con garantías de poder hacerlo en el juicio oral que se pretender llevar adelante", argumentó la defensa de De Vido ante el Tribunal.

El objetivo, según planteó Maloneay, es tener "un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial".

Sin embargo, lo cierto es que, según fuentes judiciales consultadas, en el fuero federal y la Justicia nacional no está regulada la realización de juicios por jurados, como sí sucede en otras jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Por esta causa, ya fueron condenados los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime; casi todo el directorio de TBA, la concesionaria de los trenes Sarmiento y Mitre; y el maquinista Marcos Antonio Córdoba.

A De Vido se lo acusa de "no haber controlado las condiciones de funcionamiento en cuanto a la utilización del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido, y la aplicación de fondos públicos que el Estado puso a disposición de TBA".

Según la acusación, la "inacción del nombrado posibilitó las circunstancias" del accidente que le costó la vida a 51 personas y cientos de heridos en febrero de 2012.