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Un juez desalojó un vacunatorio público devolvió a un fondo investigado por la Justicia
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Uno de los abogados defensores de la familia Báez Sosa confirmó: "En los videos aparece un sujeto que no es ninguno de los diez imputados".
En las últimas horas, dos de los diez rugbiers acusados de asesinar a golpes a Fernando Báez Sosa en la puerta del boliche Le Brique en Villa Gesell, quedaron en libertad. Se trata de Alejo Milanesi (20) y Juan Pedro Guarino (19).
La decisión se tomó luego de que la fiscal Verónica Zamboni se lo solicitara al juez de Garantías de Dolores, David Mancinelli, debido a que se hallaron elementos suficientes para ubicarlos en el lugar de los hechos, aunque sostuvo que "de ninguna manera quedan desvinculados" del proceso.
Respecto a los ocho rugbiers restantes, quienes permanecen detenidos en el Penal de Dolores, la fiscal pidió que se aplique la prisión preventiva.
En este contexto, uno de los abogados que representa a la familia de la víctima, Fabián Améndola, sostuvo en declaraciones a Telefé, que Zamboni investiga la participación de otro joven involucrado en el crimen, a quien se lo caratuló como el "sospechoso 11". "En los videos aparece un sujeto que no es ninguno de los diez imputados", mencionó el letrado.
"Para nosotros es probable que haya una persona más pero es materia de investigación. En los videos estaba vestido todo de negro. En los chats lo mencionan por su apodo. Claramente integraba el grupo y cumplía el mismo rol que el resto", sostuvo, afirmando que correpondería al joven con el que se abraza uno de los rugbiers (imágenes que aparecen en uno de los últimos videos que se difundió).
Améndola cuestionó la excarcelación de Milanesi y Guarino al considerar que, al igual que los ocho rugbiers que recibieron la prisión preventiva, ellos "participaron en el ataque en común hacia Fernando".
Cabe mencionar que al inicio de la investigación, se habló de un onceavo implicado en la causa: Pablo Ventura, el remero de Zárate, aunque finalmente el juez Mancinelli lo sobreseyó al verificar que los detenidos lo acusaron falsamente.
El magistrado ordenó el desalojo que ahora funcionaba como sede municipal de licencias de conducir.
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