La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Piden la pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare
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El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández fue imputado por el fiscal federal Ramiro González, quien reclamó investigarlo porque presuntamente se desprendió de bienes cuando había sido inhibido en el marco de una causa judicial por hechos de corrupción.
Es por la venta de una camioneta Toyota Hilux 4x4 el 27 de mayo de 2016 a la Distribuidora Elite SRL por $450.000; y también un BMW el 1 de septiembre del mismo año a un particular por 634.450: ambas operaciones se realizaron cuando el ex funcionario había sido inhibido por la Justicia.
En diciembre pasado, la fiscal de juicio Gabriela Baigún detectó que Fernández hizo la venta cuando ya había sido inhibido antes por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa por malversación de fondos públicos en la compra de los plan kunita, unos paquetes asistenciales de productos destinados a mujeres embarazadas.
Según la denuncia, Bonadio lo intimó del embargo de $440 millones el 23 de febrero de 2016, y en aquella oportunidad Fernández dijo no contar con bienes a su favor para hacer frente al mismo.
En agosto de ese año, Fernández pidió autorización al juez para levantar el embargo a fines de transferir bienes a su ex pareja, de acuerdo a la disolución de la sociedad conyugal, y respecto a uno ubicado en Villa Gesell, otro en Quilmes y un local comercial también ubicada en esta última localidad del sur del Conurbano Bonaerense.
Bonadio lo autorizó pero sólo para hacer la transferencia de esos tres inmuebles en particular. Sin embargo, según un informe de la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), el exfuncionario aprovechó la ocasión y habría vendido ambos vehículos.
Al conocer la denuncia en su contra y ante el temor de ir detenido, Aníbal Fernández reclamó y obtuvo la eximición de prisión.
Al pedir la apertura de una investigación al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal pidió que como medida de prueba se requiera a los registros de la propiedad automotor de Berazategui y de San Martín el legajo de los vehículos vendidos, y también a la inspección general de Justicia los datos de la empresa que adquirió uno de los autos.
Además, que se verifique si Aníbal Fernández, tal cual dijo él mismo, adquirió un Audi Q5 y o una Volkswagen Tiguan. Por último, determinar si Aníbal Fernández no deposito el dinero de la venta de los vehículos en alguna entidad financiera.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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