Mientras Fernando Camacho se atribuye la facultad de exigir fecha para un nuevo llamado electoral y Jeanine Añez hace lo propio engrosando la partida presupuestaria para las Fuerzas Armadas, único garante de su autoproclamado Gobierno, el Estado Plurinacional de Bolivia profundiza, al ritmo de la cruda represión estatal, su crisis político/social. 

Una crisis que no solo se expone en que los dos actores más presentes en la gestoría post golpe de Estado no tienen respaldo popular (Añez se autoproclamó y Camacho directamente no fue candidato), sino que también atenta sobre las libertades individuales de los manifestantes, legisladores, periodistas y todo aquel que diga qué es lo que pasa en Bolivia.  

La Biblia volvió a Palacio, quizás reemplazando de momento a la Constitución, y en espacio de una semana Añez supo, quiso y pudo confirmar las peores sospechas. 

Pasada la discusión del golpe y sus tecnicismos teóricos, los hechos muestran a una mandataria que lejos de convocar prontamente a elecciones y buscar una salida institucional, aprovecha su tránsito por el Palacio del Quemado para aportar su granito de arena a la militarización que diferentes países de América del Sur transitan. 

Para una región con experiencia de sobra en esto es que la militarización se presenta como un proceso político y social donde se acepta la intervención de los militares en la resolución de los distintos problemas de una sociedad, a tal punto que se termina normalizando. Para esto la Presidenta Añez generó el terreno legal y económico necesario. 

Con el Decreto Supremo 4078 eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento y estabilidad del orden interno, en tanto que con el 4082 les asignó recursos adicionales para equipamiento por 34.796.098 bolivianos (US$ 5.000.000). 

Con las fuerzas de orden sin marco legal y con respaldo financiero, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el mismo que anunció la creación de un “aparato especial de la Fiscalía” para detener a legisladores que cometan actos de subversión y sedición, pidió a todos los bolivianos “convertirse en soldados” del proceso de liberación que el país transita. 

Proceso de “liberación” que ya cuenta, según la Defensoría del Pueblo con 24 fallecidos, 715 heridos, 1186 personas detenidas, números que a partir de lo mencionado en los últimos párrafos no pueden hacer otra cosa que aumentar. 

Así lo confirma la represión sobre manifestantes que se encontraban en los alrededores de la planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ubicada en Senkata, en El Alto, que al momento confirma tres fallecidos y más de treinta heridos. 

Si de algo sirve, desde el plano legislativo, recordando el detalle de que su conformación no responde a estas últimas elecciones sino a las del año 2015, la Asamblea Legislativa transita entre dos realidades donde los roles de oficialismo y oposición se superponen. 

Los legisladores del Movimiento al Socialismo continúan buscando marcar las prioridades del partido que dispone de 88 de los 130 diputados y 25 de los 36 senadores, sin embargo, atento a las palabras de la propia Añez, a sedición y golpe de Estado, parecería cada vez más cercana la palabra proscripción. 

Con la Presidenta y al momento cuatro vocales nacionales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presos, la realidad en Bolivia y esta semana de Añez en el Palacio, dejan dos contradicciones propias a los tiempos que corren. 

Que los 2.240.920 de votos que fueron a la candidatura de Carlos Mesa pesan menos que los 234 recibidos por Fernando Camacho para presidir el Comité de Santa Cruz de la Sierra es el síntoma más concreto del deterioro en la oposición boliviana. 

El segundo candidato más votado el 20 de octubre último busca por el momento dar legitimidad a un Gobierno articulado desde lo militar por Camacho (vía el ministro de Presidencia, Jerjes Justiniano y el de Gobierno, Arturo Murillo) y trasmitido a todo el mundo por Roxana Lizarraga en Comunicaciones y Karen Longaric desde Cancillería. 

Por otra parte es igual de cierto que si bien se espera la convocatoria a nuevas elecciones con el interrogante próximo de si el MAS podrá participar o no, la certeza, tras una semana de Añez al frente del país, parece estar en que la salida a esta crisis coronada con un golpe, ya no puede ser política. 

Las próximas elecciones sólo interesan si sirven para maquillar de democrático un régimen que llegó a partir de las "recomendaciones" de un Williams Kaliman del que se desconoce su paradero y permanece a costa de la militarización del país.