La amenaza de la segunda ola de coronavirus parece haberse transformado en un hecho. En paralelo a la curva de contagios, se incrementan las preocupaciones sanitarias.También los cuestionamientos sobre la capacidad de la economía argentina para resistir un nuevo ataque del virus.

El análisis sobre el futuro de la actividad económica y sus consecuencias sociales vale independientemente del grado de restricciones que adopten los Gobiernos. Aunque no se avance hacia cierres totales o parciales, una suba de contagios impactará irremediablemente sobre algunos sectores.

Por ejemplo, aún en caso que los bares o restaurantes no deban enfrentarse a ninguna restricción, el temor de la población al contagio en grandes aglomeraciones podría afectar negativamente su actividad. Este escenario se contrapone al optimismo del gabinete económico respecto a la recuperación económica.

“Hemos revisado hacia el alza los pronósticos de crecimiento para 2021. Era 5,5% en la proyección de septiembre de 2020 y hoy es 7%, que también es un pronóstico prudente”, dijo el ministro de Economía Martín Guzmán en un reportaje con CNN En Español.

Más allá de la capacidad de recuperación de la actividad luego de haber retrocedido un 9,9% durante el año anterior, los números de pobreza y empleo difundidos por el Indec durante los últimos días revelan que esta reactivación no necesariamente trae aparejada una mejora en la situación social. 

Pobreza y desempleo

En su informe sobre los datos del mercado laboral del cuarto trimestre del 2020, titulado “Reactivación Económica con Deterioro Social”, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) advierte que “el último trimestre del año confirma que la recuperación del empleo es lenta y precaria”. 

En este sentido, el IPYPP señala que “habiendo casi recuperado los niveles de actividad económica de la pre-pandemia aunque todavía se encuentran un - 3% por debajo del mes de febrero 2020, el nivel de empleo se halla aún más demorado (un –5%) situación que se ve agravada si se observa el estancamiento en el segmento formal del empleo que se sostiene insensible ante la recuperación económica de la segunda mitad del año 2020”.  

El cuadro de situación trazado por el centro de investigación dirigido por el director del Banco Nación Claudio Lozano se desprende de la tasa del 11% de desocupación informada por el Indec, correspondiente al último trimestre del año pasado. 

El deterioro en el mercado de trabajo ayuda a explicar el hecho de que el 42% de las personas sean pobres en nuestro país. La situación es aún más dramática entre los más jóvenes. Un 57,7% de los niños de hasta 14 años viven en la pobreza. 

De las estadísticas mencionadas anteriormente, se desprende una realidad cada vez más frecuente en nuestro país: contar con un trabajo no es garantía para vivir sin urgencias económicas. Por caso, una familia de cuatro personas, compuesta por dos adultos que trabajen a cambio de un salario mínimo, que tengan dos hijos y cobren una AUH por cada uno se encuentra debajo de la línea de pobreza.

Según datos del Estudio Broda, desde mediados del 2012 hasta fin del año pasado el salario real privado registrado acumula una pérdida superior al 30%. Esta caída en el poder de compra de los trabajadores no escapa al sector público: en 2020 sus sueldos cayeron un 6,9%, registrando un derrumbe del 30,4% en los últimos cinco años. 

Presupuesto 2021

Sobre esta delicada situación social que enfrenta la economía argentina se desplazará la segunda ola de contagios. Un incremento sensible de casos afectará en primer lugar al eslabón más débil de la población: los ingresos de los trabajadores informales, precarios o cuentapropistas serán los primeros en verse resentidos.

Sin embargo, el Gobierno no tiene prevista ninguna partida presupuestaria para hacer frente a estos efectos. El Presupuesto 2021, guía fundamental del plan macroeconómico del ministro Guzmán, no contempla ningún tipo de gasto para compensar los efectos económicos del Covid. De hecho, fue elaborado bajo el supuesto de una pandemia en retirada, como advertimos en su momento.

El único programa destinado exclusivamente a paliar los efectos de la pandemia es el REPRO II. Este consiste en una asistencia de entre $9.000 y $18.000 por trabajador a poco más de 320.000 asalariados, el cual totalizó un gasto de $9.000 millones durante el primer bimestre. La Tarjeta Alimentar, por su parte, costó al fisco $18.000 millones en el mismo período.

Luego de tres años de crisis económica y un déficit fiscal proyectado del 4,5% para este año, el gabinete económico advierte que no tiene capacidad disponible para ampliar el gasto. 

Puja social

Sin embargo, por momentos el Gobierno parece estar dispuesto a romper esta barrera. Esta semana se convertirá en ley una suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

La medida mejorará la situación económica de 1.267.000 trabajadores que vienen perdiendo poder adquisitivo. Está por verse si el costo fiscal de la medida se compensará con la modificación de las alícuotas del impuesto para las empresas.

Pero la llegada de una segunda ola de contagios puede ser desastrosa particularmente entre los 19 millones de pobres. Para este enorme universo, no hay ninguna política en agenda. Los temas que dominan la actualidad están lejos de hacer frente a esta urgencia.

El ingreso promedio de los hogares que se encuentran bajo la línea de pobreza es de $29.000, en paralelo, una porción considerable de los alcanzados por el aporte extraordinario evalúa estrategias con estudios jurídicos y contables para judicializar el pago correspondiente a los patrimonios que superan los $200.000.000.

Desde el propio Gobierno parece abandonada la discusión de fondo sobre el problema. Durante el año pasado, el ministro Guzmán anunciaba la elaboración de una reforma tributaria progresiva, que incremente las cargas sobre las personas de mayores ingresos y las alivie entre los más desfavorecidos.

En un contexto de severas restricciones, este debate fue desplazado de la agenda. Probablemente el futuro impositivo no haya sido abandonado. Tal vez sólo haya cambiado de interlocutores. En lugar de avanzar entre los cuadros técnicos del Ministerio de Economía, posiblemente esté sobre la mesa de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

Para avanzar hacia el equilibrio fiscal requerido por el FMI, hay dos vías posibles. Se puede recortar el gasto, como viene ocurriendo en los últimos meses, o ampliar los ingresos. El propio organismo internacional instó a los gobiernos a gastar más y aplicar impuestos en los sectores más acaudalados, para reducir la brecha de ingresos entre ricos y pobres.

El contexto de emergencia social corre riesgo de agravarse con la segunda ola. La urgencia requiere medidas audaces.