El piloto argentino terminó 17° y 18° en sus primeros ensayos de cara al Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.
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El conflicto no cede. Después de la denuncia que Elisa Carrió realizó en el programa de Mirtha Legrand, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, le inició una demanda civil y le envió una carta documento a la diputada en la que le reclamó que termine con sus declaraciones y que tenga "un comportamiento responsable".
En la demanda el jurista aseguró que desde enero de 2015 viene siendo víctima de difamaciones por parte de Carrió. Además la tildó de querer afectar la independencia del Poder Judicial al señalar que la diputada resaltó que quería "modificar las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
"El país espera de nosotros un comportamiento responsable, no una guerra política". Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema
Lorenzetti confirmó que no contestará en forma pública a los ataques y que iniciará una demanda civil por los daños a su figura. La carta documento fue enviada al domicilio que Elisa tiene en Exaltación de la Cruz y a su despacho en la Cámara de Diputados.
La diputada pidió juicio político al presidente de la Corte Suprema y aseguró que un día el presidente Mauricio Macri le iba a pedir que lo saque a Lorenzetti. Carrió habló de una reunión que mantuvo con el jurista donde este le habría dicho que estaba al servicio de la política.
En el programa televisivo tildó al juez de ser "el De Vido de la Justicia" y de que hubieron obras que no se hicieron.
El piloto argentino terminó 17° y 18° en sus primeros ensayos de cara al Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1.
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Por su parte, la institución repudió las declaraciones del ministro de Justicia y el vocero presidencial, calificándolas como “falsas y malintencionadas”.
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El jefe de Gabinete reconoció que hay diferencias entre ambos, pero dejó en claro que ambos cumplen roles distintos dentro del gobierno.
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El Ministerio de Defensa informó la medida mediante un comunicado y dejó en claro que se trató de una “grave violación de la normativa que rige el manejo de los bienes públicos”.
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