La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Piden la pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare
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Andrés Ibarra, ministro de Modernización de la Nación, aseguró que no habrá despidos como parte del plan de simplificación y mejora del funcionamiento del Estado, y que solo se intentará "eliminar la corrupción y aumentar la velocidad de decisiones".
En diálogo con radio Continental, el funcionario sostuvo que "estamos llevando adelante el plan de transformación del Estado, lanzamos el plan de simplificación y vamos a disparar una serie de normativas, de decretos, que tienen que ver con la mejora del funcionamiento del Estado".
Específicamente refiriéndose al tema, Ibarra manifestó que "respecto del empleo público estamos trabajando, hay una ley; están los convenios colectivos de trabajo y vamos a darle al Estado todos los instrumentos para que funcione bien".
En tanto, el Gobierno nacional decretó este 2 de noviembre que el Sector Público Nacional deberá evaluar "su inventario normativo" eliminando las disposiciones que resulten una carga innecesaria y confeccionando textos actualizados de sus normas regulatorias.
Las normas y regulaciones que se dicten, señala la medida, deberán ser simples, claras, precisas y de fácil comprensión, a la vez que el Sector Público Nacional deberá aplicar mejoras continuas de proceso, a través de la utilización de las nuevas tecnologías y herramientas informáticas.
Ibarra apuntó que esta medida "ya está en marcha porque muchas de las acciones son logros que paulatinamente vamos adquiriendo a través del expediente electrónico, los trámites a distancia, con la simplificación con procesos digitales".
"Es una artillería de medidas que tienen que ver con la posibilidad de simplificar todo lo que se tramita con el Estado. Necesitamos implementar sistemas de gestión transparentes porque el Estado le tiene que dar servicio al ciudadano", indicó.
El ministro consideró que "la sumatoria de aspectos, que van desde evitar demoras para sacar un certificado a la posibilidad de competir más abiertamente por ahorro de compras, el ahorro resulta en alrededor de unos $90 mil millones".
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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