La puesta en vigencia de un decreto que modifica el funcionamiento del sistema de inteligencia nacional generó un inmediato escenario de tensión política en el Congreso, con fuertes objeciones de distintos bloques opositores. La norma introduce cambios en las atribuciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado y reavivó el debate sobre los límites institucionales y los mecanismos de control sobre las tareas de inteligencia.

El eje de las críticas está centrado en el DNU 941/2025, que habilita a la SIDE a realizar aprehensiones en casos de flagrancia y establece que la totalidad de sus acciones sean consideradas “encubiertas”. Para sectores de la oposición, el alcance de esas disposiciones altera el esquema vigente de supervisión civil y amplía las facultades operativas del organismo sin un marco de control parlamentario previo.

En ese contexto, el diputado de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, sostuvo que el decreto “clausura la conducción civil de la inteligencia” y advirtió que el nuevo esquema configura una “policía secreta”. A su vez, el ex ministro de Defensa, Jorge Taiana, afirmó que la eliminación de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar apunta a convertir a las Fuerzas Armadas en una “Guardia Nacional” con funciones de seguridad interior.

Desde el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que la norma habilita el “espionaje político”, al considerar que la definición de las amenazas a la seguridad nacional es ambigua y carece de precisiones concretas. En esa línea, referentes de ambos bloques reclamaron que una reforma de esta magnitud sea debatida en el ámbito legislativo.

La controversia tendrá un primer tratamiento formal en la Comisión Bicameral de Inteligencia, que prevé elevar un pedido de informes al Poder Ejecutivo. En paralelo, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón reclamaron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para avanzar con su rechazo, mientras que el PRO aún no expresó una posición pública, aunque sus representantes en la comisión de control ya comenzaron a coordinar acciones para auditar el alcance de los cambios dispuestos.