La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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Luego de la escandalosa detención del ex vicepresidente, Amado Boudou, su abogado, Eduardo Durañona, dejó la sorpresa atrás y apuntó contra Comodoro Py: "el Estado de Derecho ha cambiado mucho", dijo, al momento que aseguró que "se violaron todo tipo de derechos".
"La detención no fue un show, fue una película de terror, porque no existe lo que hicieron. Querían la foto de Boudou detenido", disparó. "Se violaron todo tipo de derechos, por eso hicimos la denuncia en el acta de la indagatoria", agregó el defensor.
En declaraciones brindadas a Radio La Red, Durañona refutó los argumentos en que el juez federal Ariel Lijo se basó para detener a su cliente: "En todas las causas está a derecho, estamos cumpliendo con todos los requerimientos judiciales, no hay nada que lleve a forzar una detención. Nunca intentó profugarse y siempre colaboró con la Justicia".
El abogado del también ex ministro de Economía reveló que le había llegado "un comentario" el jueves 2 de noviembre sobre "un 'run run' de que lo iban a meter preso" a Boudou, y que él se "preguntaba por qué causa".
"Siempre pusimos la cara ante la Justicia, dimos las explicaciones, si se produce eso, con la frente alta a enfrentar toda la situación, sin tratar de profugarse, irse del país, esconderse", agregó.
Por otro lado, el abogado evitó pronunciarse respecto al comunicado de Unidad Ciudadana, espacio que denunció que "se ha vulnerado (o se ha terminado) el Estado de Derecho", aunque consideró: "El Estado de Derecho hoy en Comodoro Py ha cambiado mucho, se está aplicando otro Código".
"No sé si hablar de una persecución político-judicial, pero evidentemente las cosas han cambiado de la noche a la mañana y se han acelerado", indicó Durañona, quien a la vez evaluó que la difusión de las imágenes de la detención de Boudou fue un "acting totalmente innecesario".
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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