Luego de la maratónica sesión en la que se votó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, los senadores decidieron levantar la misma y tratar los allanamientos en contra de la ex mandataria en otra jornada. Luego de varias idas y vueltas, y con la idea de poder analizar el pedido del magistrado, se definió la fecha para el miércoles 15 de agosto.

La decisión fue tomada por los integrantes de las bancas de Cambiemos y del Bloque Justicialista, quienes postergaron esa decisión debido a que los fundamentos que le requirieron a Bonadio como condición para tratar el pedido de allanamiento llegaron a la Cámara alta minutos antes de iniciar la sesión.

Otra de las cuestiones que fue analizada, fue el hecho de que dentro de los textos se encontraba parte de la información vinculada a la causa sobre el supuesto pago de coimas en la obra pública, a partir de los escritos de Oscar Centeno, y los legisladores consideraron que no era "prudente" dar a conocer públicamente cuando el expediente tiene secreto de sumario.

Dentro del Justicialismo, la situación está dividida. Por un lado, Miguel Pichetto está de acuerdo con permitir los allanamientos para "no obstaculizar" el procedimiento judicial pero hay varios senadores de su bancada que se resisten a votarlo, como el formoseño José Mayans, vicepresidente del bloque.

La sesión tendrá lugar 48 horas después de que la senadora por la provincia de Buenos Aires se presente a declarar en el juzgado de Bonadio. El martes último, la Comisión de Asuntos Constitucionales había firmado un dictamen para autorizar los allanamientos, pero limitándose a los domicilios que Cristina Kirchner tiene en Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires y no su oficina en el Palacio Legislativo.

Por último se le solicitó al juez federal que respeta el "derecho a la intimidad" y el "decoro" en caso de que se lleve a cabo el operativo, donde se buscará ligar a la ex presidenta de la nación en la causa que se investiga el pago de coimas para ganar licitaciones en la obra pública, donde están implicados otros ex funcionarios como Julio De Vido y Roberto Baratta.