El fotoperiodista, herido durante la represión policial de una marcha de jubilados, se encuentra internado en terapia intensiva.

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El Gobierno nacional reclamará ante la Justicia que vuelva al Estado el predio de la Sociedad Rural ubicado en Palermo, donde se realizan tradicionales encuentros feriales.
Este pedido es el principal reclamo del juicio oral y público contra el expresidente Carlos Menem y el exministro Domingo Cavallo, quienes están acusados de vender sin autorización parte del Parque Tres de Febrero a la Rural por el precio considerado "vil" de 30 millones de dólares en 1991, es decir, una cuarta parte de su valor real.
Además, según los cálculos del Gobierno, ese dinero debía pagarse en cuotas y la Sociedad Rural solo abonó 6,5 cuotas.
Los acusados son Menem, Cavallo, dos exfuncionarios del Ministerio de Economía, seis de los Bancos Ciudad e Hipotecario y dos dirigentes de la Sociedad Rural. En tanto, el juicio también alcanza al exdirector de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales, Gastón Ramón Figueroa Alcorta, y al titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Lucas Ordoñez, del Banco de la Nación.
Es un delito grave penado con hasta 10 años de prisión
El boleto de compra-venta fue firmado en la propia Casa Rosada por Cavallo y los compradores de la Rural el mismo día de la firma del decreto.
A partir de esta situación, el presidente de la Rural, Daniel Pelegrina, señaló que la entidad "compró a derecho" el predio de Palermo en 1991. Además, explicó que hubo una "oferta del Gobierno de entonces" que era tanto para la entidad como un eventual otro interesado.
El fotoperiodista, herido durante la represión policial de una marcha de jubilados, se encuentra internado en terapia intensiva.
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La entidad manifestó en un comunicado que la ONU es una institución central para “promover y proteger” los derechos humanos en el mundo.
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La droguería involucrada en la causa hizo manifestaciones más ligadas a lo institucional y aseguró estar “a derecho y a plena disposición” de la Justicia.
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“Eso va a generar que todo sea más transparente”, añadieron las fuentes, que aclararon que no se necesita nueva legislación ni facultades delegadas.
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