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El Gobierno extendió el congelamiento de las tarifas eléctricas hasta abril de 2022

Al mismo tiempo, les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el fin de verano para evitar argumentos a favor de trasladar un aumento de costos a las boletas de los usuarios.

El Gobierno extendió el congelamiento de las tarifas eléctricas hasta abril de 2022

El Gobierno extendió hasta el 30 de abril de 2022 el congelamiento de las tarifas de electricidad. Lo informó a través de una resolución la Secretaría de Energía que encabeza Darío Martínez. Al mismo tiempo, se les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el fin de verano para evitar argumentos a favor de trasladar un aumento de costos a las boletas de los usuarios.

Esta resolución recordó que las tarifas se encuentran “subsidiadas por el Estado Nacional de acuerdo a cada segmento de demanda, en mayor medida en el sector Residencial" y remarcó que "con el objetivo de transparentar la aplicación de fondos públicos al costo de la energía, es necesario informar a los usuarios en su factura, el monto correspondiente al subsidio del Estado, visualizando de esta forma el importe que debería abonar el usuario, de no existir el subsidio”.

Las distribuidoras solo tienen permitido trasladarse a los clientes un determinado porcentaje del costo de la generación de electricidad, mientras que el resto del costo lo debe cubrir el Estado. En lo que va de 2021, ya se destinaron subsidios por $900.000 millones, lo cual posibilitó que los usuarios paguen menos del 30% del costo real de la electricidad.

En la Ley de Presupuesto para 2022, el Gobierno indicó que se buscará que la "cobertura" sobre los costos llegue al 43%, lo que implicará un aumento para las tarifas actuales después de abril del año próximo.

La Ley N°27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declaró en diciembre de 2019 la emergencia pública en distintas materias, entre ellas la tarifaria, "para reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente".