La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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Piden la pena de muerte para Luigi Mangione por el asesinato del ejecutivo de UnitedHealthcare
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Lo dispuso la Corte Suprema de Justicia tras el planteo de 15 gobernadores. Según los jueces, es el Ejecutivo quien debe asumir los efectos fiscales de los decretos.
Por mayoría, los jueces de la Corte Suprema fallaron que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos de coparticipación que corresponden a las provincias.
La acordada mantiene la rebaja para los consumidores, pero obliga a la Casa Rosada a compensar a las provincias por la pérdida de recursos que implica dejar de percibir la parte coparticipable del IVA. Lo mismo ocurre con los cambios dispuestos en el impuesto a las Ganancias: el gobierno decretó una modificación en el monto imponible y la devolución del excedente pagado por los trabajadores durante este año. Pero ese alivio impactó en los ingresos provinciales.
La decisión de la Corte responde a los recursos presentados por Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. Esas provincias habían recurrido al máximo tribunal para evitar perder esos fondos.
Votaron por hacer lugar a las medidas cautelares los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, votó en disidencia, mientras que Elena Highton no votó.
A partir de este fallo, según las estimaciones del Gobierno nacional, la compensación a las provincias alcanzará los $5.660 millones. Es un tema que no sólo afecta a la administración Macri, sino que también heredará Alberto Fernández en caso de ser electo presidente el próximo 27 de octubre.
La Corte debe resolver aún cuatro presentaciones de provincias petroleras contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.
La fiscal general argumentó que se trató de un asesinato premeditado y sostuvo que el ataque estuvo motivado por razones políticas.
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