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Tras los cuestionamientos a la represión que Sebastián Piñera está encabezando en territorio trasandino, el ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado llamando a no pronunciarse sobre situaciones de política interna.
Nada irrecuperable, menos considerando el pragmatismo necesario que los Gobiernos suelen transitar desde la vía comercial, pero lo cierto es que el inicio de la administración de Alberto Fernández no ha tenido con los vecinos de la región el mejor de los comienzos.
A la inestable relación que Jair Bolsonaro representa como principal socio comercial y la postura ante el golpe de Estado en Bolivia (apuntalada con la decisión de otorgar la condición de refugiado político a Evo Morales), llegó el turno de Chile y las rispideces con el Gobierno de Sebastián Piñera.
Consultado en una entrevista reciente al respecto de lo que el periodista Luis Majul consideró como la “dictadura de Venezuela”, Fernández respondió afirmando: “Nos preocupa todo avasallamiento al estado de derecho. También nos preocupa lo que está pasando en Bolivia, nos preocupa lo que está pasando en Chile”.
“Me tocó recibir a las organizaciones de Derechos Humanos cuando Maduro después de una manifestación puso presa a 800 personas (...), ahora, Piñera metió presa a 2500 personas y no pasa nada, nadie dice nada”, comentó al respecto.
Fue a partir de esto que el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Teodoro Ribera, firmó un comunicado desde el cual plantea que “se contactó esta tarde telefónicamente con su homólogo argentino, Felipe Solá, con el fin de expresarle su sorpresa respecto a los comentarios que efectuó el Presidente Alberto Fernández en un programa de televisión, en que aludió a situaciones internas de Chile”.
“A este respecto, junto con manifestarle su extrañeza sobre estos comentarios, Ribera le precisó la conveniencia de no emitir opiniones sobre situaciones de política interna de los respectivos países”, señala el documento.
En esta línea marca además que “en Chile existe un pleno Estado de Derecho y que, en ese marco, no es el Presidente de la República, sino las policías, el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia, las instituciones que cuentan con atribuciones para detener, investigar, juzgar y condenar a los responsables de delitos”.
Cierra el escrito afirmando que “ambos Cancilleres acordaron reunirse prontamente con el fin de abordar la agenda binacional”.
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