La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.

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El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un pedido de apartamiento del magistrado ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por considerar que Otranto perdió la imparcialidad en el caso.
El organismo indicó que el juez "perdió la imparcialidad" al hacer declaraciones periodísticas con especulaciones sobre el paradero de Santiago Maldonado, objeto principal de la investigación que él encabeza, así como de la falta de pruebas respecto de la responsabilidad de la Gendarmería en el hecho.
El organismo argumentó que "es indiscutible que ya ha formado opinión al respecto, y que la está diciendo a viva voz: 'le creo a la Gendarmería', por lo que la desaparición de Santiago Maldonado no está vinculada a ninguna detención ni acción que pueda implicar la responsabilidad de esa fuerza".
En el comunicado, el CELS la recusación se realizó tras las declaraciones de Otranto en la que afirmó que "la hipótesis más razonable es que Santiago Maldonado se haya ahogado en el río Chubut".
En un extenso escrito, el CELS manifestó que Otranto “les cree a los gendarmes que ingresaron al territorio mapuche y que no les cree a los testigos de la Comunidad. Y por el otro, cree que Santiago Maldonado se ahogó. En consecuencia, en el marco del habeas corpus, concluye que se ahogó, sin haber encontrado a la persona buscada".
Y agrega: "Como juez de la presente causa de desaparición forzada, adelanta opinión sobre la forma en que se pudo haber dado este desenlace derivando de allí conclusiones sobre posibles responsabilidades penales de quienes ya se sabe que llegaron al mismo lugar en el que fue visto Santiago por última vez. Por supuesto que aun no es posible afirmar en forma contundente cómo fueron los hechos, pero eso lo alcanza también al juez de la causa”.
En caso de que la Cámara decida que Otranto debe continuar con la causa, el CELS requirió que le ordene al juez “desarrollar las medidas de prueba reclamadas en conjunto para agotar todas las hipótesis vinculadas con la investigación del delito de desaparición forzada y con el esclarecimiento del paradero de Santiago Maldonado”.
La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.
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