A partir del reclamo de personal jerárquico de diferentes administraciones estatales, el Gobierno de la Nación aclaró desde el Decreto 156/2020 que el establecimiento de la doble indemnización por despido no se aplicará a los trabajadores del sector público, sino que el benefició regirá para el sector privado. 

El texto marca que la doble indemnización fue restituida mediante el Decreto 34/2019 “para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos y, al mismo tiempo, evitar que se acreciente el nivel de desprotección de los trabajadores y trabajadoras formales, de modo de poder establecer pautas esenciales para el incremento de la demanda y la consecuente puesta en marcha del aparato productivo”.

El Ejecutivo precisó que dentro de la administración pública también están incorporados quienes "se encuentran la Administración Nacional Centralizada y Descentralizada, las distintas formas empresariales y societarias en las que el Estado tiene participación total, mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones, incluidos entes públicos no estatales en los que el Estado tiene el control decisional –tales como el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-". 

Por lo tanto, advirtió en los criterios de la nueva normativa que “una interpretación que condujera a extender los alcances del referido decreto al ámbito del sector público nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma”.

“No obstante ello, resulta necesario aclarar el alcance de esta última, en lo referido al universo de las trabajadoras o trabajadores alcanzados, a fin de evitar eventuales distorsiones en la recta aplicación de aquella”, precisa el documento. 

Y concluyó que decidió aclarar la norma puesto “que ha tomado estado público la situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional, en los que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la norma”.

El Decreto aclaratorio lleva las firmas del presidente Alberto Fernández y de todos los ministros del gabinete nacional.