El debate por el financiamiento público de la Iglesia Católica se coló entre algunos impulsores del aborto legal en paralelo a la lucha por la aprobación de la ley. Pero fue Nicolás del Caño quien presentó un proyecto  para "derogar todos los decretos de la dictadura que garantizan el financiamiento estatal a la jerarquía de la Iglesia". 

Del Caño consideró que "esos decretos, que ningún Gobierno quiso tocar, son también una base legal para garantizar la injerencia de la Iglesia en los asuntos públicos". 

El dirigente trotskista recordó el informe del jefe de gabinete Marcos Peña en el Congreso, donde informó que el Estado "en 2018 destinó 130.421.300 pesos solamente a la remuneración de los obispos". 

El diputado publicó también una petición en la plataforma Change.org para juntar firmas a favor de la derogación de los decretos. 

El diputado resaltó que "esos decretos han sido también la base para que se le otorgue a la Iglesia el carácter de persona jurídica pública, a través del nuevo Código Civil que reafirma su potestad para aplicar ‘su jurisdicción’ y regirse por ‘las leyes y ordenamientos de su Constitución’, por fuera de los tribunales comunes". 

"Estamos frente a un Estado dentro de un Estado, donde los miembros de la jerarquía de la Iglesia católica tienen inmunidad especial frente a las leyes comunes", agregó.