La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.

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El ex ministro kirchnerista declaró en la investigación por supuestas coimas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Insistió en que es víctima de una "persecución política"
El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, volvió a declarar desde la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentra detenido desde hace un año. Al testimoniar en la causa Odebrecht, que investiga el supuesto pago de coimas en las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, dijo que "todavía no encontraron el PBI que se supone que me apropie".
El ex funcionario insistió además en "la falta de pruebas en su contra", durante la declaración que hizo el miércoles pasado y cuyos detalles trascendieron hoy.
De Vido volvió a hablar de una "persecución política" en su contra.
También hizo propios los argumentos del empresario Angelo Calcaterra, imputado en la misma causa. "No puede decirse que tenga vínculos de amistad con la empresa Iecsa, ni que el primo de quien hoy ejerce el cargo de presidente de la Nación sea de mi círculo cercano de amistades, y sin embargo, no puedo más que coincidir con las deficiencias por él señaladas al momento de prestar declaración indagatoria", aseguró en videoconferencia con el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Franco Picardi.
"Estamos todos sometidos a un nivel de indefensión manifiesto", y "es imposible defendernos de aquello que no nos ha sido identificado".
Alegó que "son tantos los expedientes en los cuales he sido citado a declarar en razón de las mismas imputaciones, que a esta altura ya no encuentro muchas más palabras para expresarme".
"El hecho de haber ejercido un cargo de poder en una estructura inmensa como es un Estado Nacional no determina mi participación en todas y cada una de las secuencias que pudieran desarrollarse", explicó.
La empresa brasileña Odebrecht es investigada por la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, la construcción de dos plantas potabilizadoras y la ampliación de gasoductos.
En todas está implicado De Vido, y los procesos comenzaron luego de que la compañía admitió que pagó 36 millones de dólares a funcionarios argentinos en supuestas coimas, hasta el 2015, para participar en los proyectos en los que realizó inversiones.
La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.
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