El juez de la Corte se pronunció luego de que el Senado rechazara los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal.

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Los treinta detenidos en la noche del pasado viernes por los incidentes tras la marcha a Plaza de Mayo en reclamo de la aparición del joven Santiago Maldonado permanecerán en distintas comisarías porteñas a las que fueron trasladados por la Policía hasta este domingo.
Ese mismo domingo serán trasladados hasta el Juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. El grupo está acusado de haber cometido los delitos de "intimidación pública y atentado y resistencia a la autoridad", según informaron fuentes judiciales.
Actualmente, una docena de ellos se encuentran alojados en la Comisaría 12, del barrio porteño de Caballito; siete en la Comisaría 15, de Retiro; y 14 detenidos en la Comisaría 30, de Barracas.
De acuerdo a la pena fijada en el Código Penal para el delito de intimidación pública, pueden ser reprimidos "con prisión de dos a seis años" aquellos que "para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos".
"Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años", agrega el artículo 211.
En lo que respecta al delito de atentado y resistencia contra la autoridad, la normativa establece que "será reprimido con prisión de un mes a un año, el que empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de un deber legal, para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones".
Al tiempo que el artículo 238 precisa que "si el hecho se cometiere por una reunión de más de tres personas" la pena podrá ser "de seis meses a dos años".
Tras la masiva movilización a Plaza de Mayo para pedir la aparición de Maldonado, los 30 acusados fueron detenidos en la noche del pasado viernes cuando protagonizaron una serie de incidentes que incluyó quema de contenedores de residuos, pintadas de paredes, rotura de vidrios de comercios y edificios públicos, así como también agresiones con piedras hacia efectivos de la Policía de la Ciudad.
El juez de la Corte se pronunció luego de que el Senado rechazara los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal.
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