El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.

El Gobierno prorrogó la suspensión de contrataciones en el Estado
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El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue autorizado a aumentar el boleto del subte luego de la última audiencia pública realizada, por lo que a partir del mes de mayo, el boleto pasará a costar $11, contra los $7.50 que cuesta hoy.
El ajuste en las tarifas fue pedido en el inicio de la audiencia por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la empresa propiedad del Gobierno porteño que tiene a su cargo la administración de la red de subtes.
Si bien el resultado de la audiencia no es vinculante para la resolución posterior, es un requisito obligatorio para el ajuste, pero hasta ahora la primera convocatoria prevista para el 6 de marzo estaba suspendida por la Justicia a raíz de una presentación en la Justicia realizada por legisladores del Frente de Izquierda.
Ahora el Ente Regulador de Servicios Públicos de la ciudad tiene un plazo de 20 días para analizar los informes presentados por alrededor de 30 expositores entre legisladores, asociaciones de usuarios y particulares.
Si los funcionarios del gobierno de la ciudad estuviesen aquí, ahora, con nosotros en el subte, la audiencia que hoy se realiza para disponer el aumento no que existiría#Tarifazo
— Myriam Bregman (@myriambregman) 19 de abril de 2018
El incremento será escalonado: desde mayo subirá 46,6% para llegar a 11 pesos desde los 7,50 pesos, vigente desde octubre de 2016 y luego aumentará a 12,50 pesos desde junio.
Según lo anunciado, se mantendrán los descuentos para usuarios frecuentes: entre 21 y 30 viajes costará 8,80 pesos y entre 31 y 40, 7,70 pesos.
Los descuentos que se aplicarán desde junio con el nuevo precio serán: de 21 a 30 viajes, 10 pesos, y de 31 a 40, 8,75 pesos, aunque estarán sujetos al sistema de la Red SUBE, que se combina con los boletos de colectivos y trenes

El decreto 934/2025 mantiene el freno a las incorporaciones y define excepciones para áreas estratégicas, con un esquema de compensación de dos bajas por cada alta.
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Dijo que la medida busca profesionalizar el funcionamiento de los organismos de inteligencia y reducir el gasto.
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Del esquema de aumentos quedaron expresamente excluidos el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. Alcanzará a ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades superiores del Poder Ejecutivo y funcionarios con rango y jerarquía equivalente.
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El presidente confirmó cuáles serán los primeros dos destinos a los que irá.
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Con la "ley de leyes" promulgada el Gobierno busca blindar su programa económico, con foco en el superávit, una mayor discrecionalidad en la gestión de partidas y un marco más restrictivo para el gasto público, así como también en el empleo estatal y el financiamiento de la educación y la ciencia.
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Por Decreto, avanzó con una nueva reestructuración en el área y le confirió mayor poder a la Secretaría de Inteligencia. Críticas de la oposición.
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