La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.

El Ejecutivo enviará al Congreso la ley que penaliza incumplir el déficit cero
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El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dejó hoy la sede del sindicato de los metalúrgicos en Sao Bernardo dos Campos sin dirigirse a la militancia y pendiente de la decisión del Supremo, que se inclina hacia su prisión después de una condena por corrupción.
Lula, condenado en segunda instancia a 12 años de prisión, llegó al sindicato unas tres horas antes del inicio de la sesión de la Corte Suprema -que comenzó a las 14 hs del miércoles- y pasó el día reunido a puerta cerrado con amigos y aliados políticos, entre ellos su sucesora en la Presidencia, Dilma Rousseff, destituida por el Congreso en 2016.
El exmandatario (2003-2010) siguió la votación desde un área reservada, mientras unas trescientas personas, la mayoría del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MST), acompañaban la sesión en el auditorio del sindicato, del que Lula fue presidente entre finales de la década de los 70 y principios de los 80.
Los partidarios de Lula criticaron la decisiva votación de la magistrada Rosa Weber, quien negó el habeas corpus presentado por la defensa e inclinó la balanza a favor de la prisión del ex jefe de Estado.
"Ella en el fondo contribuyó para que pueda ser decretada la prisión de Lula, lo que es una fase más del golpe de Estado", dijo en declaraciones a Efe Eloi Pietá, miembro de la directiva regional del Partido de los Trabajadores (PT), según consignó la agencia EFE.
Poco después de la decisión de Weber, Lula, quien acostumbra a hablar públicamente con la militancia, anunció que no subiría al palco y horas más tarde abandonó el edificio por el garaje.
En la puerta de su casa, también en la localidad de Sao Bernardo dos Campos, alrededor de un centenar de personas se concentraron a medianoche para respaldar al exmanatario, quien lidera todas las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones.
La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.
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