La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.

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El lunes 13 de noviembre comenzará el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro de detención clandestino conocido como Sheraton, que funcionó durante la última Dictadura Cívico-Militar en la subcomisaría de Villa Insuperable, en La Matanza.
El establecimiento, también llamado "Embudo" en ese entonces, se encontraba en la intersección de las calles Tapalqué y Quintana, y funcionó entre el 30 octubre de 1976 y octubre de 1978. La investigación involucra a ex miembros del Ejército y de la Policía bonaerense en los ya mencionados delitos.
El Sheraton dependía en aquel momento de la comisaría de Villa Madero que, a su vez, lo hacía de la Unidad Regional Morón. Sin embargo, las instalaciones quedaron bajo el mando del Grupo de Artillería Mecanizada 1 del Ejército, situado en la localidad de Ciudadela.
Este ex centro de detención clandestino le debe su nombre a aquellos militares que se inspiraron en los "famosos" que pasaban entre los cautivos.
Entre los secuestrados se encontraban Mercedes Joloidovsky, Juan Carlos Guarino, Marcela Patricia Quiroga (tenía 12 años en ese momento), Juan Carlos Scarpati -que pudo escapar-, Paula Elena Ogando Schuff, Julia Estela Sarmiento, Delia Bisutti y María Cristina Ferrario.
También estuvieron secuestrados y permanecen desaparecidos Adela Esther Candela de Lanzillotti, Pablo Bernardo Szir, Luis Salvador Mercadal, Juan Marcelo Soler Guinard y su pareja Graciela Moreno, José Rubén Slavkin, Héctor Daniel Klosowski, Roberto Eugenio Carri y su esposa Ana María Caruso de Carri y Héctor Germán Oesterheld.
Están imputados los integrantes del Grupo de Artillería Mecanizada Manuel Antonio Luis Cunha Ferré (oficial de Inteligencia), Roberto Obdulio Godoy (oficial de Operaciones) y Rodolfo Enrique Godoy (segundo jefe y jefe de la Plana Mayor), y los subcomisarios Juan Alberto Battafarano y Leopoldo Luis Baume y José María Mainetti (teniente).
El Tribunal Oral Federal N° 1 de la Capital Federal tiene la tarea de determinar las responsabilidades penales que corresponden a las 18 privaciones ilegales de la libertad agravada, la aplicación de tormentos y 2 homicidios.
La magistrada además les fijó un embargo de $5 millones y entiende que “formaron parte, en carácter de organizadoras”.
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