A partir de una resolución en la que Alonso desvinculó al presidente Mauricio Macri de haber cometido alguna falta ética en la causa del Correo Argentino, la funcionaria fue imputada penalmente para ser investigada.

La fiscal Ochoa abrió la causa a partir de una denuncia presentada por los diputados del Frente Renovador orientada sobre los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia.

Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron a Alonso a partir de la resolución 2018-24 "cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades" a Macri, al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, según argumentaron.

En tal dictamen, Alonso sostuvo que ninguno de los tres funcionario cometió alguna falta ética en su intervención en el caso.

Lo cierto es que se trata de un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino (empresa vinculada a Macri) tiene con el estado por 296 millones de pesos cuando en 2001 dejó de pagar el canon por la privatización.

El gobierno de Macri alcanzó un acuerdo con la compañía para que se pagara la deuda pero la fiscalía de la Cámara Comercial pidió rechazar esta medida por considerarla "abusiva y perjudicial" para el Estado ya que implicaba una quita del 98,2% de la deuda al no considerar los intereses de la misma.

Finalmente, el gobierno retiró la propuesta de cobro de la deuda y Alonso analizó el caso en base a la ley de ética pública desvinculando del caso al presidente Macri.