No era broma. Las declaraciones de este último fin de semana fueron contundentes, graves en realidad, y tal como había advertido la semana pasada, Elisa Carrió presentó el pedido de juicio político a Germán Garavano.

Parafraseando, Carrió, diputada nacional por Cambiemos, propuso el juicio político para el ministro de Justicia del gobierno que ella integra.

Las acusaciones no son nuevas, pero la recesión en el país y la inquietud electoral en el oficialismo acelera y profundiza declaraciones que en otro momento (y una vez más) hubieran sido pasadas por alto.

Carrió, quien en el pedido se presenta desde la Coalición Cívica-ARI, estructura el pedido de juicio a Garavano en tres puntos:

• La actuación del ministros en la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA
• Las sospechas de manipulación de concursos de los jueces: Los “números puestos” de Angelici y la anuencia del ministro
• La contratación de la ex procuradora Falbo, asesora del ministro y vinculada a Aníbal Fernández en el crimen del Unicenter.

Pero, ¿qué es un juicio político?

El artículo 53 de la Constitución sostiene que sólo la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema (...)”

¿Cualquiera puede solicitarlo?

Según el artículo 4° de la Constitución, el juicio político deberá promoverse por cualquier funcionario público así como por cualquier habitante de la Nación capaz de estar a derecho.

Presentado el pedido, ¿cuáles son los pasos a seguir?

Lo cierto es que salvo los diputados más cercanos a Elisa Carrió (la Coalición Cívica), al momento no ha surgido un bloque de peso que haya manifestado su compromiso de aceptar la decisión.

A esto, hay que añadir que la Comisión de Juicio Político presidida por el dirigente del PRO Pedro Pretto, no se reúne hace algo más de un año.  

Estos dos puntos hacen suponer que la jugada del pedido de juicio político seguramente tenga mayor repercusión desde lo mediático y político que a partir de su tratamiento legislativo.