La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.

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El oficialismo ya tiene los avales para emitir dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en busca de avanzar con la expulsión del ex ministro de Planificación Julio De Vido. Sin embargo, no contarían con los dos tercios de la Cámara Baja para concretar su objetivo en el recinto.
La comisión que preside el diputado del PRO Pablo Tonelli está convocada para este martes a las 12 en el Congreso, con el objetivo de retomar el tratamiento del pedido de expulsión del legislador.
Se necesita mayoría simple para lograr dictamen de mayoría, algo que el oficialismo conseguiría por tener aseguradas las firmas de 20 de los 34 legisladores que integran la comisión. Apoyarán el dictamen 14 diputados de Cambiemos, 6 del massismo y aliados y los dos salteños del bloque Justicialista.
Cambiemos ya reconoció que no tiene el respaldo necesario para aprobar la suspensión o exclusión de Julio De Vido cuando se trate el proyecto en la Cámara de Diputados, aunque de todas maneras avanzará en Comisión de Asuntos Constitucionales para emitir dictamen contra el legislador.
El oficialismo contará con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa y el Bloque Justicialista de Diego Bossio, entre otros espacios. e necesitan dos tercios de los votos de los presentes para aprobar la expulsión de De Vido, un objetivo por el momento inalcanzable.
Entre los que se oponen al apartamiento de De Vido están el bloque del Frente para la Victoria, que suma 73 legisladores, los seis diputados del Movimiento Evita y los seis del Frente Cívico de Santiago del Estero, que sumarían 85 votos en contra si todos están presentes en el día de la sesión especial.
El debate sobre la expulsión de Vido de Diputados se produjo poco después del pedido de indagatoria, desafuero y arresto del ex funcionario por parte del fiscal Carlos Stornelli, por presunta defraudación a la administración pública de fondos millonarios destinados al proyecto minero de Río Turbio. El juez federal Luis Rodríguez rechazó la decisión del fiscal.
La secretaria general de la Presidencia sostuvo que los mensajes “no afectan su intimidad ni la seguridad nacional” y cuestionó la legalidad de las grabaciones.
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