El presidente de la República Federativa de Brasil, Jair Bolsonaro, lanzó un contraataque a la investigación abierta en su contra por la corrupción en la compra de vacunas contra el coronavirus Covaxin y sugirió, desde sus redes sociales, que existen videos vinculando un supuesto caso de pedofilia con algún miembro del Supremo Tribunal Federal.

Desde su cuenta de Twitter, Bolsonaro intentó vincular a la izquierda con abusos de menores, en un mensaje ocurrido en el peor momento judicial del mandatario, investigado por prevaricato por orden de Rosa Weber, jueza del Supremo Tribunal Federal.

"Vamos a suponer que exista una autoridad filmada en una escena con menores (o con personas del mismo sexo o con traficantes) y que alguien llamado 'Daniel' les haga chantaje amenazando divulgar este video", precisó Bolsonaro.

El mensaje además marca que el chantaje era una forma de actuar de la revolución cubana: "Cuando no tienen nada contra su objetivo principal, entonces persiguen a sus hijos, parientes y amigos. Abren investigaciones, acusaciones absurdas, quiebran el secreto bancario y telefónico, determinan allanamientos y dictan prisiones arbitrarias", afirmó.

La práctica del mandatario brasilero no es extraña en tanto suele declarar contra los miembros de la corte. En ese tránsito, uno de sus blancos suele ser Luis Barrosso, quien como titular de la Justicia Electoral rechazó sospechas de fraude que el mandatario ha lanzado sobre el sistema electoral brasileño.

Bolsonaro comenzó a ser investigado porque tanto Ricardo Miranda, director de importaciones del Ministerio de Salud, como su hermano Luis Miranda, contaron que en una reunión el 20 de marzo con el presidente le narraron una red de cabildeos que permitió una sobrefactuación del 1.000% en un contrato para adquirir la vacuna india Covaxin.

A partir de lo que los hermanos Miranda dijeron bajo juramento a una comisión investigadora del Senado, Bolsonaro respondió que iba a ordenar a la Policía Federal investigar y que sospechaba que su aliado, Ricardo Barros, líder del Gobierno en la Cámara Baja, tenía negocios con el Ministerio de Salud.

Este caso se suma a otra denuncia en la cual el intermediario Davati, una empresa de insumos médicos, denunció que un funcionario del Ministerio de Salud le pidió 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que compre para el programa de vacunación brasileño.