La Fiscalía General de la República de Brasil solicitó a la Corte Suprema abrir una causa para investigar al presidente Jair Bolsonaro, en el escándalo de la sobrefacturación en un contrato frustrado para la compra de la vacuna india Covaxin.

El pedido apunta a determinar si el propio Bolsonaro cometió el delito de prevaricato, es decir, si no ordenó investigar corrupción luego de haber sido informado del asunto por parte del diputado Luiz Miranda el 20 de marzo pasado.

El pedido fue realizado por parte del subprocurador general de la República, Humberto de Medeiros, y se trata del acto judicial más importante sobre corrupción vinculado al actual presidente.

El diputado Luis Miranda, del oficialista partido Demócratas y su Ricardo Miranda, funcionario encargado de importaciones en el Ministerio de Salud, dijeron bajo juramento ante la comisión investigadora del Senado que le avisaron de la sobrefacturación de 1000% en la compra de Covaxin a Bolsonaro el 20 de marzo en el Palacio del Planalto.

El pedido busca establecer si el mandatario ultraderechista, sabiendo del delito, no activó a la Policía Federal para investigar la denuncia.

El Gobierno de Bolsonaro marcó que avisó dos días después, el 22 de marzo, al entonces ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, hoy secretario especial de la Presidencia y cesado en la cartera sanitaria el 23 de marzo.

El contrato con empresas tercerizadas para comprar vacunas Covaxin fue suspendido esta semana, tras la explosión del escándalo, tres meses después de esa reunión entre los hermanos Miranda y Bolsonaro en la casa de gobierno.

Por su parte, el fiscal general, Augusto Aras, muy cercano al presidente, había pedido al Supremo Tribunal Federal esperar que la comisión del Senado termine de investigar para tomar el caso.

Sin embargo, la jueza suprema Rosa Weber le envió un escrito diciendo que la fiscalía general no podía ser apenas un "mero observador" de posibles delitos siendo cometidos.

Este escándalo sobre Covaxin fue el primero en explotar durante junio y le sigue otro en el cual la empresa estadounidense de insumos médicos, Davati, denunció a un director de logística del Ministerio de Salud por pedirle 1 dólar de coima por cada vacuna AstraZeneca que fue ofrecida en forma tercerizada, en un contrato que no llegó a cumplirse.