Este miércoles, una comisión investigadora del Senado de Brasil recomendará la imputación del presidente, Jair Bolsonaro, por "delito contra la humanidad", entre otros crímenes, tras el manejo de la pandemia de COVID-19, que llevó a que el saldo de víctimas fatales supere las 600.000 personas.

Se trata de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que durante seis meses siguió las acciones del gobierno durante la pandemia y que no tiene el poder de hacer denuncias formales, por lo que su informe se enviará a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General, el Tribunal de Cuentas o una corte internacional.

El pasado martes por la noche, el senador Renan Calheiros, quien también es relator de la CPI, dio a conocer que se responsabilizará a Bolsonaro por la suma de nueve cargos en lugar de los once previstos inicialmente, entre ellos crimen contra la humanidad, epidemia, "charlatanería" y prevaricación. Los cargos de "homicidio" y "genocidio de poblaciones indígenas" fueron retirados a última hora por desacuerdos dentro de la comisión.

Entre otras conclusiones, la CPI sostiene que el Gobierno atrasó deliberadamente la compra de vacunas y, asesorado por un gabinete paralelo que contrariaba las evidencias científicas, "no tomó las medidas necesarias para contener la circulación del virus y apostó por la inmunidad de rebaño".

Si bien en el informe también serán acusadas decenas de personas, entre ellas, probablemente, varios ministros, tres de sus hijos y colaboradores estrechos del mandatario, analistas afirman que estas denuncias sólo tendrán un impacto simbólico, ya que Bolsonaro aún cuenta con apoyo en el Congreso.

"El informe de la CPI es para pedir el castigo de los verdaderos responsables por esta matanza que ocurrió en Brasil. Son muchos y no podemos dejar de castigarlos", finalizó Omar Aziz, el presidente de la CPI.