Martín Guzmán volvió de Venecia luego de haber participado de la cumbre del G20. Allí, mantuvo reuniones importantes para el futuro de la economía argentina. Se sentó en la misma mesa con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Kristalina Georgieva y con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen. 

El ministro de Economía viene avanzando en las negociaciones para firmar un nuevo programa con el FMI, con el objetivo de refinanciar la deuda contraída por el Gobierno anterior por US$45.000 millones. Aunque las negociaciones se están realizando en absoluto secreto, la última gira nos deja algunas pistas sobre las discusiones en curso.

Eliminar sobrecargos de intereses

Por un lado, el Gobierno reclama una rebaja en las tasas de interés que paga Argentina sobre la deuda mencionada. Por el programa Stand By firmado en 2018, debería pagar una tasa del 1,05%. Sin embargo, abona dos puntos porcentuales más. Esto se debe a que el préstamo otorgado excede en un 187,5% la cuota de nuestro país en el organismo internacional, lo cual es penalizado con sobrecargos por ser considerado un acceso excepcional.

Incluso se sumaría un punto porcentual más una vez que el programa cumpla tres años y medio desde su firma. De concretarse, los montos extra a pagar por año rondarán los US$1.350 millones, de los US$950 millones actuales.

Para el Gobierno es de suma importancia que el Fondo avance en la revisión de su política de sobrecargos. En caso de prosperar, reduciría el peso del pasivo argentino en forma considerable. En ese sentido, el panorama es alentador: el G20 incluyó este tema en su comunicado y hay expectativas sobre su tratamiento en el Directorio del FMI, donde los países miembro deberán tomar posición.

Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad 

Por otro lado, el organismo internacional tiene en carpeta la creación de un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (o Fondo Verde) que apunta al otorgamiento de recursos para contrarrestar la crisis sanitaria y el cambio climático. De hecho, la propuesta es de la propia Georgieva y fue incluida también en el comunicado del G20. 

El fondeo del flamante instrumento estaría compuesto por una porción de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que distribuirá el organismo a sus miembros por un monto equivalente a US$650.000 millones. Los países que no necesiten el dinero podrían cederlos en forma de préstamos para las naciones más vulnerables.  

Eventualmente, la expectativa es que la nueva línea de crédito se incorpore a las dos vigentes en la actualidad: la Stand By que cuenta con hasta 4 años de plazo de pago y el acuerdo de Facilidades Extendidas, que llega a 10 años. El menú acotado de programas disponibles es un gran problema para nuestro país, ya que el tamaño de la deuda con el organismo hace que sea prácticamente impagable, incluso en un plazo de diez años.

Sin embargo, el Fondo Verde no estará disponible en el futuro cercano, por lo que el Gobierno avanzaría en la firma de un acuerdo de Facilidades Extendidas antes del 31 de marzo, añadiendo algún tipo de apostilla o cláusula que permita a nuestro país adherirse al nuevo plan en caso de resultar más favorable. 

Los jubilados

Como vemos, no hay dudas de que Argentina alcanzará un nuevo programa con el FMI. La cuestión es cuándo se firmará y bajo qué condiciones. Como mencionamos anteriormente, el secretismo de las negociaciones nos impide conocer los pedidos del organismo internacional para refinanciar la deuda. 

El anuncio de Alberto Fernández de un bono de $5.000 para jubilados nos puede dar una aproximación a los términos del eventual acuerdo. La suma no remunerativa está destinada a quienes cobren hasta dos haberes mínimos (hoy en $23.065) y apunta a que los ingresos más bajos no pierdan frente a la inflación. Los jubilados que cobren más de $46.130, acabarán perdiendo contra el nivel de precios.

A partir de la anterior modificación en la fórmula de actualización votada a fines del 2017, los jubilados y pensionados perdieron más del 20% de su poder de compra entre 2018 y 2019. Durante 2020, el haber mínimo estuvo 1 punto por debajo de la inflación y los más altos hasta un 9%. Con la nueva fórmula, este primer semestre los haberes acumularon un 21,2% de suba frente a un aumento de precios del 25,3%. Recordemos que durante el primer trimestre se dieron otros dos bonos extraordinarios por un total de $3.000 para que los haberes de hasta $30.856 no quedaran por debajo de la inflación.

Los cambios en la movilidad jubilatoria se dan siempre antes que la ejecución de la fórmula resulte favorable a sus beneficiarios. La del macrismo fue suspendida en 2020 porque la disparada de la inflación del 2019 (53,8%) forzaba al Gobierno de Fernández a otorgar aumentos que atentaban contra la “consolidación fiscal”. Cambiemos actuó en 2017 en el mismo sentido. 

Que el bono anunciado esta semana tenga la forma de un pago extra no remunerativo revela que la fórmula es ineficiente para sostener el poder adquisitivo de los jubilados en contextos de alta inflación como el actual. Dicho de otro modo, la movilidad votada a fin del año pasado permite recortar el gasto fiscal.

La firma de un programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional viene con condicionalidades a cambio de un plazo de 10 años de pago. Por un lado, trazar un plan hacia el objetivo de “déficit cero”. Por el otro, avanzar en cambios estructurales que garanticen esa meta. Generalmente suelen ser tres. El secretismo oficial no nos permite saber que se está negociando en relación a las reformas laborales y tributarias, lo que intuimos es que la cuestión jubilatoria está saldada.