El juez federal Sebastián Ramos procesó al exministro de Planificación Julio de Vido, a la actriz Andrea del Boca y a otros ocho imputados en la causa por presunta malversación de fondos públicos destinados a la realización de una novela que nunca salió al aire.

En la causa se investigan presuntas maniobras defraudatorias para implementar un circuito que involucró la actuación de funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El detenido diputado nacional fue procesado como autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y se le puso un embargo por 60 millones de pesos.

La artista fue procesada como "partícipe necesaria", al igual que al entonces rector de la Universidad de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, embargados por 50 y 60 millones de pesos, respectivamente.

La base principal de la acusación contra la actriz es el manejo de fondos provenientes del ex-Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela "Mamá Corazón" por unos 36 millones de pesos, pero nunca se emitió al aire.

Según indicó el fallo: "El referido convenio tuvo como propósito posibilitar la selección discrecional de la telenovela Mamá Corazón, propuesta por la productora a+A Group SRL, para que fuera financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente, Andrea del Boca, era una persona cercana al Gobierno de ese entonces".

Aclaró al respecto que esto "no implica poner en tela de juicio la aptitud y/o calidad artística de la nombrada como productora". Lo que se cuestiona es "la manera en que su proyecto fue escogido y la modalidad de contratación adoptada por parte de la UNSAM, en franca violación a la normativa vigente" y a través de una "inadecuada utilización de la modalidad de contratación directa con Universidades Nacionales".

El juez dio por acreditado que en julio de 2015 la productora de Del Boca firmó el convenio por el cual recibió la suma de 25.652.160 pesos (el 76% del costo de producción final consignado en el contrato) provenientes del presupuesto de la cartera de Planificación y destinados al financiamiento de la producción de la telenovela.

Además de obtener el financiamiento íntegro de su obra con fondos públicos, el 10% del total, es decir más de 3 millones de pesos, quedarían como ganancia para la productora de Del Boca. Su empresa era la única que conservaría los derechos de comercialización en el exterior.

De acuerdo a la investigación, el propósito habría sido disimular el fin último de la suscripción de los convenios que posibilitaron el "otorgamiento discrecional" de fondos públicos a productoras privadas.

Según el expediente, esas productoras serían "Cooperativa de Trabajo Tostakí Ltda." ($4.550.000) y "a+A Group SRL" ($36.582.468), que financiarían la realización de la miniserie "El Pacto" (antes denominada "Será Justicia y otros") y de la telenovela "Mamá Corazón", respectivamente.

Además de Del Boca, De Vido y Ruta, el magistrado procesó a la ex titular del INCAA, Liliana Mazure, a quien le trabó un embargo de 5 millones de pesos; a Nadia Jacky, directora de Tostaki, con un embargo de 6 millones; a los secretarios de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, con embargos de 50 millones y 6 millones; y a los ex funcionarios Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada, con un embargo de 50 millones cada uno.