La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.

El Ejecutivo enviará al Congreso la ley que penaliza incumplir el déficit cero
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Lo aseguró la titular de la Oficina Anticorrupción tras la divulgación de una escucha en la que el empresario santacruceño adjudicaría su fortuna al ex presidente de la Nación.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró hoy que para ese organismo la vinculación entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y Cristina Fernández "está acreditada", más allá de los audios sobre supuestas conversaciones entre el detenido empresario y su ex abogada Elizabeth Gasaro.
Según dijo la funcionaria a la agencia Télam, "la información que circula no aporta nada nuevo" a la actuación de la OA, que "está plasmada en los expedientes judiciales" y en lo que vienen "sosteniendo en los juicios".
"La OA viene sosteniendo en todas las causas que Lázaro Báez es testaferro de Néstor y Cristina Kirchner".
El empresario santacruceño está detenido en la cárcel de Ezeiza con prisión preventiva en un caso de lavado de dinero, y procesado además en el juicio por corrupción en el que se investigan posibles irregularidades en contratos de infraestructura estatal que lo beneficiaron, un proceso en el que también está imputada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ese mismo diálogo, revelado ayer por TN, Báez agregó: "Y cometí errores que cometí, y quizás por eso estoy donde estoy. Para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores".
La escucha formaría parte del paquete de audios que se registraron en la cárcel, pero para incorporar esta escucha como prueba judicial deberá certificarse que la grabación se hizo con orden judicial y que es real.
Báez está preso desde hace más de tres años acusado de lavar 60 millones de dólares provenientes de contratos fraudulentos de obra pública en el marco de la causa conocida como "la ruta del dinero K", a cargo del juez federal Sebastián Casanello.
También es juzgado junto con la ex mandataria en la causa denominada Vialidad Nacional, actualmente con juicio oral, acusado de integrar una asociación ilícita de la que se benefició con el direccionamiento de las licitaciones de obras públicas de la provincia de Santa Cruz.
La iniciativa establece que los funcionarios deberán garantizar presupuestos equilibrados o superavitarios y prohíbe gastos no autorizados.
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