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"Nadie sabía de esta barbaridad" aseguró el vocero del arzobispado tras las condenas a más de 40 años de cárcel para dos curas y a 18 años para un jardinero, acusados de abuso sexual infantil.
El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, dijo estar conforme con las condenas que recibieron ayer a dos sacerdotes y un ex empleado por abusos sexuales a niños sordos en el Instituto Próvolo. Sin embargo, aseguró que en la iglesia desconocían lo que pasaba en ese colegio que depende del Vaticano.
"Nunca hubo ni un rumor, nunca, nunca, sino no hubiéramos permitido una aberración de este tipo y se hubieran tomado las medidas correspondientes".
En declaraciones a medios locales, el religioso insistió con que "nadie sabía de esta barbaridad", y que a partir de este caso "todo aquel que ingresa a la diócesis tiene que tener una declaración jurada del Superior Supremo que acredite no tener causas penales y aptitud psicofísica".
Mientras, desde la Santa Sede se aguarda que la sentencia de ayer quede firme y definitiva para avanzar en el proceso canónico que podría concluir con la expulsión de los sacerdotes condenados.
"Uno comprende el silencio de las víctimas, psicológicas y sociales, pero parte de la Iglesia nunca supimos nada", dijo De Benedectis y en relación al silencio de los superiores, indicó: "es una praxis horrible antigua que no queremos que nunca más se repita".
Ayer la justicia mendocina condenó a los sacerdotes Horacio Corbacho (61) y Nicola Corradi (83) a la pena de 45 y 42 años de prisión respectivamente, mientras que el jardinero Armando Gómez (49) recibió una pena de 18 años, acusados por abusos sexuales y corrupción de menores.
Tras las sentencias, el arzobispado de Mendoza había divulgado un comunicado en el que expresó: "Todos nos hemos sentido desconcertados y dolidos. Junto a toda la sociedad nos sentimos desafiados a seguir trabajando para evitar que estas situaciones se repitan. El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor; por eso, urge reafirmar nuestro compromiso con la prevención, la transparencia, la verdad y la justicia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad".
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