El caso ha sido caratulado como una infracción a la Ley de Protección de Fauna Silvestre.

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Un subinspector de la Policía Metropolitana y un ciudadano de origen ruso fueron detenidos en las últimas horas a raíz del hallazgo de valijas diplomáticas en la Embajada de Rusia en la Argentina con casi 400 kilos de cocaína.
Cayeron cinco involucrados: dos en la Argentina y tres en Rusia. Los que llevaban adelante la maniobra era un subinspector de la Policía de la Ciudad y un ex funcionario ruso. Hay un prófugo que buscan en Alemania.
Las valijas habían sido llevadas en julio de 2016 por un administrador económico de la Embajada que dejó el cargo ese mismo año y desde entonces permanecieron en el lugar.
Alertada tras el aviso del Embajador, la Justicia ordenó las intervenciones telefónicas y las tareas de inteligencia que permitieron conocer que el destino de la droga era Rusia.
Los 389 kilos de cocaína fueron retirados de las valijas y se las rellenó con paquetes de harina, sumado a que se les puso un GPS a las valijas.
La falsa carga al estar en valijas diplomáticas no son sometidas al control de las autoridades aeroportuarias. Igualmente, los acusados habían introducido pastillas de inodoro entre los paquetes de la sustancia para despistar a los perros de la Policía.
Tras las escuchas que lo involucraron y acreditarse su participación, el subinspector de la Policía de la Ciudad fue detenido ayer a la madrugada en el Aeropuerto de Ezeiza proveniente de un vuelo de Roma junto a su pareja.
Se lo acusa de ser quien contribuyó a introducir la sustancia en la Embajada, donde extraoficialmente cumplía tareas de seguridad, y según registro de la Dirección Nacional de Migraciones tuvo distintos viajes a Rusia en el contexto de la capacitación de cadetes de policías metropolitanos en Rusia.
Una de las principales pruebas contra los dos detenidos en la Argentina, el policía y el ciudadano ruso, fueron las escuchas telefónicas volcadas en el expediente.
Llevaron adelante la investigación el juez federal Julián Ercolini junto con los fiscales federales Eduardo Taiano y Diego Iglesias (de la Procuraduría contra el Narcotráfico), con el apoyo de la Gendarmería.

El caso ha sido caratulado como una infracción a la Ley de Protección de Fauna Silvestre.
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